Sevilla

Denuncia a UGT por pagar comidas y sobresueldos con ayudas de parados

Manos Limpias pide la suspensión cautelar del sindicato por «corrupción generalizada»

Imagen de archivo del secretario general saliente, Manuel Pastrana (i), felicita al ex vicesecretario general de Organización de UGT Andalucía, Francisco Fernández, poco antes de haber sido elegido nuevo secretario general de la organización (11/05/2013)
Imagen de archivo del secretario general saliente, Manuel Pastrana (i), felicita al ex vicesecretario general de Organización de UGT Andalucía, Francisco Fernández, poco antes de haber sido elegido nuevo secretario general de la organización (11/05/2013)larazon

sevilla- Más madera. Manos Limpias prevé ampliar este lunes las denuncias presentadas ante el juzgado de guardia de Sevilla contra los máximos responsables de UGT en Andalucía; en concreto, el ex secretario general de la plataforma Manuel Pastrana y su sucesor, Francisco Fernández, por los presuntos delitos de «malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida», contra la Seguridad Social y contra la Hacienda Pública, ante el uso «indebido» de fondos de formación. En la nueva querella, Manos Limpias hará hincapié en el pago de comidas con dinero procedente de las ayudas a desempleados y los supuestos sobresueldos cobrados por altos cargos del sindicato en la comunidad.

Manos Limpias lleva al juzgado la «corrupción generalizada» del sindicato, solicitando como «medida cautelar» la «suspensión de la actividad de UGT-A». El denunciante cita «una serie de escándalos de corrupción en cadena», «desde los ERE, donde la juez Mercedes Alaya ha llegado ya a la conclusión de fraude y financiación ilegal de UGT-A por más de ocho millones, pasando por el desvío de fondos a publicidad para la huelga general del 29 de septiembre de 2010». Según informó el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernard, a LA RAZÓN, la nueva denuncia será presentada el lunes de la próxima semana y se centrará en el presunto pago de sobresueldos en 2011 y 2012 a la ejecutiva de UGT-A (de 400 a 450 euros al mes) como si fueran dietas y gastos de desplazamiento. Asimismo, se incluirá el pago de una comida con Cándido Méndez utilizando fondos de la concertación social.

En las querellas presentadas se incluye a «cuantas personas puedan resultar imputadas por las diligencias que se practiquen» al considerar que «UGT-A falseó facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general del 29 de septiembre de 2010, cuando los fondos tenían una finalidad de formación para desempleados». Por otra parte, según el sindicato, «UGT-A pagó con fondos finalistas de formación para desempleados gastos de funcionamiento». La plataforma sindical presidida por Miguel Bernard especifica en la denuncia «el desvío de fondos finalistas para celadores sanitarios a la compra de pancartas» o para «publicidad» en radio y prensa afines a UGT. «El dinero debería haberse destinado a un curso de formación para especializar a parados en el cuidado de enfermos de alzheimer», indica el escrito. Según la denuncia, a la que accedió este diario, «de los ocho millones de subvención por parte de la Junta de Andalucía, 740.000 euros, esto es, un 9,25% del total de la subvención fue destinado al mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado de los ascensores del sindicato, del servicio de vigilancia, a la limpieza, la luz, el teléfono y el correo». Manos Limpias denunció, asimismo, la emisión «de facturas falsas por orden de los dirigentes de UGT-A». Los anunciantes, según la denuncia, manipularon «la factura de acuerdo con las instrucciones» del sindicato.

La primera ampliación de la denuncia, realizada el 20 de agosto, se centró en la «contratación de adolescentes de forma eventual, sin darles de alta en la Seguridad Social, y pagándoles en dinero negro por los servicios prestados a favor del sindicato UGT-A». También se informó al juzgado de guardia de que la plataforma sindical «costeaba su revista con fondos de cursos para parados», endosando «al Fondo Social Europeo un anuncio por 30.000 euros cuando además los diarios regionales cobran por este tipo de anuncios 2.500 euros».