Descontrol de vertidos ilegales

La sanción europea contra España por no depurar aguas urbanas ha virado todas las miradas a Andalucía, responsable de siete de los nueve incumplimientos por los que se ha impuesto a España una multa de 12 millones de euros. Las autoridades de Bruselas llevaban advirtiendo años de las deficiencias detectadas en la limpieza del agua residual procedente de las ciudades, pese a que la directiva vigente debió ejecutarse en el año 2000.

Isla Cristina y Matalascañas (Huelva); Barbate y Tarifa en Cádiz; y Coín, Nerja yAlhaurín el Grande en Málaga son los municipios de más de 15.000 habitantes, la mayoría costeros, que continúan sin adaptarse a los mínimos legales. El toque de atención sobre vertidos incontrolados que afectan a la calidad de mares, ríos y aguas subterráneas es más grave porque las administraciones públicas son a la vez culpables y responsables de que no ocurran.

La Consejería de Medio Ambiente realizará para ello este año controles a quinientas instalaciones de estaciones depuradoras y empresas que generan residuos, según detalla el Plan Anual de Inspección de Vertidos aprobado en marzo. Deben completarse más de setecientas inspecciones para determinar si se está realizando un tratamiento correcto de los residuos antes de verterlos al dominio público hidráulico. Las actuaciones han disminuido ligeramente respecto al año pasado, cuando se realizaron 724. La vigilancia de desechos al mar se realizó a través de 473 análisis a todas las empresas y entidades que disponen de autorización para ello –este año aumentarán hasta cerca de quinientas–.

El seguimiento por parte de Medio Ambiente contempla a su vez inspecciones derivadas de denuncias o para tramitar nuevas solicitudes de autorización de residuos. En este ámbito, de las 85 intervenciones realizadas, en 31 se detectaron vertidos contaminantes. Fuentes de Medio Ambiente aclararon que esos «incidentes» se deben a que se habían producido «vertidos no autorizados» y por otros que «estando recogidos en una autorización se tenga sospecha o pruebas de que están vertiendo en condiciones distintas a las autorizadas». La Consejería respondía así a la solicitud de información de LA RAZÓN sobre el balance de las actuaciones realizadas en tareas de control medioambientales. No detalló cuántas actuaciones derivaron en multas por las infracciones cometidas.

Cada año, la dirección general de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico establece las prioridades para el seguimiento de la actividad industrial y urbana que provoca residuos. En esas «funciones de policía» que tiene asignadas, prioriza sus intervenciones con criterios como los antecedentes detectados, la peligrosidad de los vertidos industriales o la existencia de espacios protegidos cerca o posible población afectada. La provincia de Cádiz centra cuatrocientas de las actuaciones de control previstas –una de cada tres–, mientras que en Sevilla solo se realizarán 31 análisis.

Acusaciones cruzadas

El proceso judicial estaba abierto desde 2011 y tanto el Gobierno andaluz como el de España eran conscientes de su desidia. La confirmación de la sanción conlleva una multa coercitiva adicional de unos once millones de euros por cada semestre de retraso, según un comunicado remitido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En febrero del año pasado el consejero andaluz reclamó en el Parlamento al Estado que invirtiera los cerca de 300 millones de euros necesarios para la construcción de las cuatro depuradoras andaluzas que son de su responsabilidad: Barbate –que ya está en licitación–, Matalascañas y Nerja, más Estepona que actualmente cumple con la normativa. Los otros cuatro núcleos afectados por la sentencia –Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa y Coín– son de competencia autonómica. Ante esta noticia, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, aseguró ayer que la comunidad ha hecho «un esfuerzo enorme» por acometer las obras de las depuraciones de su competencia en los municipios afectados. Precisamente estaba inaugurando una instalación en Villanueva del Trabuco (Málaga), donde aclaró que todas las depuradoras «están en obras», «algunas de ellas terminadas» y otras «próximas a su finalización», informa Efe. Entre los puntos que han provocado esta sanción europea estaba Tarifa (Cádiz), cuya estación depuradora, con un presupuesto de 9,8 millones de euros, fue entregada la semana pasada.

Las críticas han arreciado contra la Junta por la ejecución del canon del agua, un impuesto finalista que se cobra a los ciudadanos desde 2011 para mejorar las infraestructuras hidráulicas. La recaudación supera los 580 millones, según denunció ayer el PP, recordando que de los 139 millones ingresados el año pasado sólo se invirtieron 27. Desde Medio Ambiente cifraron en 465 millones el presupuesto para mejoras en saneamiento a diciembre de 2016, aunque 177 millones solo estaban comprometidos y no habían comenzado los proyectos.