Educación informa en el Parlamento de infraestructuras para 2018 entre críticas a la falta de ejecución y de transparencia

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha informado en el Parlamento del Plan de Infraestructuras y Equipamientos de la Enseñanza no Universitaria para 2018 -en el que se destinarán 140 millones de euros a la construcción, sustitución, ampliación, reforma y equipamiento de centros docentes-, en una intervención que se ha visto respondida por las críticas de los grupos de la oposición hacia aspectos como la recurrente falta de ejecución presupuestaria, la ausencia de transparencia o la situación en lo que respecta a la retirada de aulas prefabricadas o la climatización de centros.

Según se aprobó recientemente en Consejo de Gobierno, más de 600 proyectos e intervenciones se llevarán a cabo en las ocho provincias. La principal línea de actuación, con 214 intervenciones, corresponde a las obras y proyectos de construcción, sustitución, ampliación y reforma de centros para adaptarlos a las actuales necesidades formativas y de escolarización.

La consejera del ramo, Sonia Gaya, recordó al respecto en la Comisión de Educación, en una comparecencia a petición propia y de los grupos de IULV-CA, Podemos y PSOE, que ya en el plan anterior se presupuestaron 267 actuaciones que finalmente se convirtieron en 652 -con 428 ya finalizadas o en construcción-, una magnitud “mucho mayor” que se justifica en que “no sólo atendemos lo planificado, sino todo lo que requiere la actuación de la propia Consejería”.

En cuanto a puntos más concretos, el ejercicio anterior se superó en cuatro en número de aulas prefabricadas o ‘caracolas’ que se iban a retirar y que finalmente quedó en 185, con lo que en los últimos cinco años el número de éstas se ha visto reducido en “más de un tercio”. En lo relativo a la climatización, este verano pasado se iniciaron 57 actuaciones, con un presupuesto de 2,5 millones, como “primer paso” de la puesta en marcha de un programa específico para mejorar el bienestar y la sostenibilidad energética de los centros. Asimismo, más de 135.000 alumnos se han visto afectados en centros donde han mejorado los espacios de aprendizaje.

Sobre otros asuntos, y ya en respuesta a los grupos, Gaya se mostró abierta a debatir sobre la conveniencia de un plan plurianual, si bien recordó que en un sistema con el tamaño del andaluz “siempre habrá incidencias”. Aunque el porcentaje de centros beneficiados del plan no alcanza el 10 por ciento, también es “muy pequeño”, incidió, el de los inmuebles afectados por problemática como las ‘caracolas’ -”es muy difícil que se llegue al número cero”, ya que siempre habrá que atender demandas y muchas veces el alumnado aún da clases en las infraestructuras antiguas- o la presencia de amianto.

Asimismo, la consejera recalcó las 147 medidas prioritarias para institutos y colegios en lo que respecta a la climatización. Los casos más urgentes se acometerán para este verano con presupuesto propio de unos diez millones y el resto para antes de 2019, con 15 millones de la Agencia Andaluza de la Energía.

Según los censos que maneja Educación, hay 1.156 centros con una eficiencia energética “aceptable” y donde se pretenden mejoras paulatinas, y 988 centros con todos los elementos de confort térmico pero donde podría haber actuaciones adicionales relacionadas con conceptos como el aislamiento o el sombreado de árboles, por ejemplo.

INFRAESTRUCTURAS QUE “O NO LLEGAN O LO HACEN TARDE”

Por parte de los grupos, la diputada del PP Mari Fran Carazo señaló que los términos del plan suponen una “cuestión de fe” en la medida en que “se prorrogan los planes pero también los presupuestos: las infraestructuras que se anuncian no llegan, y cuando lo hacen, es tarde”. Asimismo, centró el foco de sus críticas en la falta de ejecución presupuestaria.

“En tres años de Gobierno de Susana Díaz se han recortado, presupuesto a presupuesto, un total de 70 millones: el plan va a menos y sigue siendo insuficiente”, aseveró Carazo, que también hizo hincapié en que de 644 millones aprobados en 2016 se gastaron 467, dejando sin ejecutar “casi 200”.

Por parte de Podemos, la parlamentaria Libertad Benítez lamentó que actuaciones incluidas en el plan previo se estén ejecutando ahora, por lo que instó al Ejecutivo andaluz a informar sobre “en cuántos millones se queda el plan ficticio y cuánto invertimos realmente”. También puso de manifiesto el desconocimiento sobre los criterios para priorizar nuevas construcciones y que “nunca” aparezca ninguna intervención relacionada con el “rescate de la escuela pública”.

Del lado de Ciudadanos, la diputada Marta Escrivá subrayó la “falta de transparencia” de la Junta respecto a actuaciones como la retirada de prefabricadas o del fibrocemento de los centros educativos. Por otra parte, se refirió a la “masificación” en las aulas, recordando que “para un buen mantenimiento hay que hacer ampliaciones en centros que se encuentran muy al límite de su capacidad”, incidiendo al respecto en la situación de los centros de Formación Profesional.

El parlamentario de IULV-CA Antonio Maíllo calificó el plan de “profundamente insuficiente”, exponiendo que actualmente no se detecta una actuación estratégica “integral” que apueste por nuevos centros y el remozamiento y actualización de los antiguos. “Hay una presión demográfica de las áreas metropolitanas que exige inversiones que van con retraso”, especificó.

Por último, la diputada del PSOE Adela Segura alabó la planificación en construcciones educativas de la Junta y atacó el comportamiento del PP a nivel nacional, “que supone un riesgo para la igualdad de la ciudadanía”. También señaló la imposibilidad de solventar una situación en la que no ajusten “el traje de las infraestructuras con el de las necesidades financieras”.