El «cártel del fuego» se hizo con más de 36,5 millones en Andalucía

Un juzgado valenciano ha trasladado a la Audiencia Nacional información sobre siete expedientes de la Junta incluidos en la presunta trama empresarial creada para repartirse el mercado de la lucha contra las llamas

Entre las «áreas de influencia» que presuntamente se repartieron las empresas que conformaron el llamado «cártel del fuego» estaba Andalucía. La Junta lo sabe porque tuvo que proporcionar información sobre siete expedientes a requerimiento del juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia) que arrancó la investigación sobre el supuesto «grupo criminal» que luego cogió vuelo. Así consta en el auto a través del que ese órgano judicial valenciano se inhibió a favor de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso LA RAZÓN y, según el cual, el Gobierno autonómico distribuyó gracias a esos contratos ahora desmenuzados por la Justicia más de 36,5 millones de euros.

En la mencionada resolución judicial consta un primer expediente dividido en tres lotes para el fletamento de aviones contra incendios forestales durante la campaña 2003-2004. El bloque número uno se adjudicó a la Sociedad Aeronáutica Peninsular (SAP), por 371.806,68 euros, contrata que se prorrogó dos años, incrementándose el presupuesto para 2005 hasta los 232.380,20 y hasta los 239.959,41 euros en 2006, por lo que el total fue de 844.146,29. El segundo lote se asignó a Trabajos Aéreos Espejo por 554.076,32 euros, en este caso también hubo continuación y la mercantil percibió 289.566,29 en 2005 y en 2006, 298.253,28; en global, 1.141.895,89 euros. Por último, la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Faasa-Tratamientos Aéreos Martínez Ridao –actual Saeta– se hizo con el contrato por el precio de licitación, 2.383.220 euros, que se alargó dos ejercicios, ingresando 1.245.496,60 euros en 2005 y al año siguiente 1.282.861,50. La suma de todo: 6.897.620,28.

Un segundo expediente se refiere a un concurso que se convocó para cubrir los servicios de aviones de carga en tierra en la lucha contra incendios forestales durante las campañas 2007-2008, que fue a parar a la UTE Martínez Riado-Trabajos Aéreos Espejo-Faasa por 4.122.558 euros, aunque «se facturó» por ambos años 4.238.650,05, a los que se añadieron más de 2,5 millones en 2009 y otros tantos en 2010, si bien, hubo una «irrisoria penalización de 4.131,98 euros», se matiza en el auto que obra ya en poder de la Audiencia Nacional. El global, con ella incluida, superaría los 9,2 millones. Cautivo en esta investigación hay un tercer expediente ligado a la coordinación de medios aéreos en el combate contra los fuegos forestales en 2007-2008. En este caso sólo presentó oferta SAP, a la que se le destinó la contrata por 639.500 euros, aunque la sociedad acabó percibiendo aquel bienio, minorizando una modificación relativa a un avión y alza del IPC, más que el precio de licitación que se había fijado en 640.000, ya que cobró 655.976,68, a la luz de la resolución judicial. Para la prórroga de 2009 y 2010, obtuvo 855.842,62 euros, importe superior al incremento del IPC y al cambio de avión. En conjunto, la UTE se hizo con 1.511.819,3 euros.

En el concurso público que se armó luego para garantizar el suministro de naves de carga en tierra para luchar contra las llamas entre 2011-2012, la elegida volvió a ser la UTE Saeta (antes Martínez Ridao)-Trabajos Aéreos Espejo-Faasa por 4.995.000 euros, a la que se le impusieron unas penalizaciones por 22.622,27, con lo que la cuantía se ajustó en 4.972.377,73.

En el auto en el que se explica el funcionamiento del «cártel» se apunta un quinto expediente vinculado a los aviones de coordinación aérea para las campañas 2011-2012 que ganó SAP. El importe de adjudicación fue de 835.200 euros. A éste se suma un sexto dividido en dos lotes, uno de ellos fue a parar de nuevo a SAP, que en 2013 recibió 354.500 euros y en 2014, dado que hubo apéndice, la cuantía certificada fue de 378.635,17 euros, en la que se incluyó un traspaso de 25.740 no ejecutados en 2013. El global se alzó, por tanto, hasta los 707.395,17. En relación al segundo lote, asignado a la UTE Saeta-Trabajos Aéreos Espejo-Faasa, no se concreta en el auto lo percibido por ésta por un error en la cifra, pero, según la información que maneja la Junta, lo acordado a abonar fueron 2.319.994 euros y se prorrogó un ejercicio, es decir, se habrían pagado 4.639.988 euros.

Y aún hay un último expediente de naves para el Infoca que engloba desde 2015 hasta 2018 con dos lotes. Uno otorgado en 2014 a SAP por 1.053.000 euros, en ejecución; y el otro que se licitó y fue concedido por 6.687.960 euros a la misma última UTE mencionada, también en fase de ejecución. A desembolsar: 7.740.960 euros.

Se da la circunstancia de que la mayoría de estos expedientes forman parte también del sumario del «caso Infoca» que confecciona el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, con la jueza María de los Reyes Flores al frente. De hecho, sólo Ecologistas en Acción, organización personada en el proceso, ha reclamado datos de cuatro.