La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, quien investiga presuntas irregularidades en torno al concurso de adjudicación por parte de la Junta de la explotación de la mina de Aznalcóllar, considera que, de momento, no debe imputarse al secretario general de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, Vicente Fernández, ni que haya que investigar el patrimonio de Ángel Joaquín Maestre García, tal como le había solicitado la empresa perdedora, que está personada como acusación particular, Emerita Resorces España SLU.

Para la instructora, «por más cuestionable que pueda resultar que un secretario general realice llamadas para interesarse por el curso de un proceso de negociaciones entre empresas privadas convocadas a participar en un concurso público», la evidencia de que ese contacto telefónico existió –se realizó en abril del 2014– «no es encuadrable en ningún tipo del Código Penal».

En un auto, la jueza también mantiene que no es lícito que el juzgado desarrolle diligencias de investigación respecto del aspecto patrimonial u otros relacionados con Maestre, dado que éste no ha sido citado en ningún momento como imputado o investigado. Hacerlo, supondría, en opinión de la magistrada, una extralimitación inadmisible en la labor instructora.

La jueza informa en su resolución de que, en respuesta a su petición de mayo, el juzgado ha recibido ya de la Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), una copia del oficio de 18 de febrero de 2014 del entonces comisario de Aguas de dicho organismo dirigido a la Consejería de Economía referente a la mina y otra del oficio, fechado el 26 de febrero de 2014, de la Presidencia de la CHG, destinado a la misma consejería.

Ahora Fernández centra una demanda en Emérita: le pide que aporte a la causa «a la mayor brevedad» posible la pericial sobre aspectos técnicos y económicos que la empresa se comprometió a entregar al órgano judicial.