El Consistorio siguió subvencionando pese a los reparos de la Intervención

El interventor del Ayuntamiento de Sevilla, José Miguel Braojos, puso en evidencia ayer en el juzgado de Instrucción número 15 las irregularidades que cometió el anterior Gobierno local, integrado por PSOE e IU, en la ya extinta Fundación DeSevilla. Un organismo dedicado a la cooperación internacional que, según la denuncia promovida por el PP, destinaba las subvenciones «a otros fines para los que fueron concedidas» y «sin justificación». La comparecencia de Braojos se refirió, fundamentalmente, al expediente 98/08, correspondiente a una subvención de 990.000 euros concedida por el Consistorio en 2008 y consumada en 2009 mediante un anticipo, aunque en 201 la fundación renunció en su totalidad. La junta de gobierno local aprobó por unanimidad dicha ayuda «a sabiendas» de los reparos que expuso el propio interventor, que basó su oposición en que la fundación no había justificado una subvención anterior, concretamente el expediente 19/06, por lo que «si no se había justificado esta ayuda, no se debía haber pagado nada como subvención».

Era la junta de gobierno local, a su juicio, la que debió subsanar las irregularidades, aunque no lo hizo finalmente y aprobó la nueva ayuda «sin ninguna deliberación». El «modus operandi» habitual en la Delegación de Relaciones Institucionales, por entonces dirigida por Antonio Rodrigo Torrijos (IU) –área de la que dependía la fundación–, era siempre el mismo: un «consejillo de técnicos», en palabras del interventor, era el que estudiaba los asuntos, que serían llevados a la junta de gobierno «como un mero trámite». El funcionario también alertó de que la fundación «no estaba al corriente de los pagos a la Seguridad Social», entre otros aspectos.

En cuanto a la renuncia, el funcionario aseguró que no se inició el reintegro de la cantidad abonada, que fue finalmente el 75 por ciento de lo aprobado: 742.500 euros. Para que se llevara a efecto la renuncia, la Intervención informó de que tenía que reintegrarse el 75 por ciento entregado, más los intereses. Sin embargo, el expediente de reintegro no se hizo hasta que el PP llegó a la Alcaldía tras las elecciones municipales de 2011. En la renuncia, según Braojos, se aportaron facturas que, «a la vista del expediente, no iban a ser admitidas, como fotocopias, facturas que no correspondían a los fines e incluso algunas de ellas estaban en árabe».

Sobre los 742.500 euros no devueltos, el interventor manifestó que desconocía en qué se ha gastado la cantidad, puesto que «no está justificado el fin para el que se concedió». No obstante, precisó que no le consta que Torrijos haya destinado a fines particulares alguna subvención otorgada a la fundación.

Igualmente, subrayó que «por entonces, aunque ahora no, las empresas y fundaciones eran deficitarias», lo que deja en evidencia la gestión que llevaron a cabo PSOE e IU en el Ayuntamiento. De hecho, antes se entregaba a estos organismos una cantidad fija y ahora se pregunta con antelación cuánto hay que aportar para que no se produzca déficit y cuadren las cuentas municipales.

En la causa están imputados Miguel López Adán, ex director general de la fundación; Carlos Vázquez, ex delegado de Economía y Empleo, y Antonio Rodrigo Torrijos, ex primer teniente de alcalde y ex delegado de Relaciones Institucionales. Todos ellos pertenecen a IU. En el caso de Torrijos, abandonó recientemente el Ayuntamiento debido a esta causa judicial y al «caso Mercasevilla», en el que también está imputado por la venta fraudulenta de los suelos de la lonja.