El debate ideológico eclipsa el estado de la educación

La tasa de abandono escolar en Andalucía es del 24,9%, la más baja de la historia según la Encuesta de Población Activa (EPA) de enero pasado, pero aún así se mantiene en el vagón de cola nacional. Ni los recortes en docentes –siete mil menos desde 2012– ni en recursos económicos –la ejecución presupuestaria desveló que la Junta dejó sin gastar 1.216 millones de los comprometidos entre 2009 y 2013– han sido objeto de autocrítica por parte de la Consejería de Educación. El gran debate educativo pese al flagrante fracaso escolar, sin embargo, se ha centrado en el último año en la oposición a la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (Lomce) aprobada por el Gobierno del PP.

La Junta –junto a otras siete comunidades autónomas– confirmó el día 5 su insumisión a realizar el examen obligatorio en sexto de Primaria, conocido como «reválida», que asumirán los propios maestros frente a la evaluación externa que impone el Gobierno. Padres, sindicatos y expertos consultados por LA RAZÓN se alinean en la idoneidad de la decisión de la Junta, amparándose en la «falta de consenso» de una norma, como las anteriores, sometida a los vaivenes políticos. La unanimidad se mantiene en la exigencia de alcanzar un pacto que elimine el sesgo político de las aulas. «El debate es más ideológico que científico», sostiene el catedrático de Psicopedagogía Jesús de la Fuente. Este experto de la Universidad de Almería remite a la tradicional «ideologización» de la educación como centro del conflicto. Según explica, gobiernos «de izquierdas» defienden la evaluación continua mientras que los «de derechas» apuestan un examen único. «Debemos ir hacia un sistema mixto, donde se evalúe el proceso y el producto, tanto en lo referido al propio proceso de aprendizaje como también al proceso de enseñanza. Todos los países desarrollados de nuestro entorno lo tienen incorporado y algunos, mucho más rígido y clasificatorio que nosotros, como en Alemania», esgrime.

Su tesis defiende la evaluación «como un instrumento de conocimiento y mejora y ya está», no como «arma arrojadiza» entre gobiernos de distinto color político. No obstante, remarca que «parece razonable que el tipo de evaluación sea acorde con el proceso formativo desarrollado. De lo contrario, están asegurados resultados negativos. En este caso, el desarrollo irregular de la Ley, no ha contribuido a que dé tiempo. Ésa es la cuestión».

Para el sindicato CC OO-A, la Consejería ha acertado al negarse a cumplir la Ley por no tener las pruebas repercusión en el expediente académico y reclama un consenso antes de que esto ocurra, en junio de 2018. «Los exámenes que son evaluados por docentes externos a un grupo concreto de escolares –como se plantea en las reválidas–, no pueden evaluar acertadamente a los estudiantes. No tienen en cuenta la evolución madurativa ni el entorno social», asegura el secretario general de la Federación de Enseñanza, José Blanco, que insiste en que «este modelo de evaluación valora una foto fija en un momento concreto, no respondiendo por ello a la realidad». Critica, no obstante, la opacidad de la Consejería, porque «la máxima información existente sobre la prueba de sexto de Primaria es que se dispondrá de un manual de instrucciones para su realización». Abarcará competencias en lengua, matemáticas, ciencias y tecnología y existirá una comisión de verificación externa zonal que supervisará, asesorará y validará los resultados.

La Confederación andaluza de asociaciones de padres y madres del alumnado por la educación pública (Codapa) es firme en su oposición a las reválidas como premisa para obtener el título: «Hace mucho tiempo que se demostraron que pedagógicamente no sirven. Un solo examen no detecta las capacidades del alumnado ni tan siquiera su esfuerzo». En este sentido, su posición se alinea con la alternativa planteada por la Junta para que sean los propios docentes los que examinen a sus alumnos. Para su presidente, Francisco Mora, también es fundamental promulgar un pacto educativo, acompañado por una mayor inversión y dotar de mayor autonomía a los centros para lograr un sistema que tienda a la individualización.

De la Fuente es partidario también de «alcanzar acuerdos estables en el sistema educativo, alejados de la ‘ideocracia’ en la que estamos instalados» y adoptar mejoras en el sistema de acceso al grado de Magisterio, así como en el acceso a la profesión. Sus propuestas para revertir los niveles de fracaso y abandono escolar en la comunidad incluyen incrementar las plantillas de orientadores, además de regular factores externos como la televisión e internet, de los que considera corresponsables a instituciones públicas y entidades privadas. CC OO considera imprescindible para lograrlo «volver a los niveles de empleo previos a la crisis. Sería un error aprovechando el descenso de natalidad seguir recortando en educación», asegura Blanco.

Las elecciones del próximo 26 de junio serán decisivas de cualquier forma para el devenir de la Lomce, ya que un cambio de siglas en el Gobierno central podría dar al traste con la ella antes de culminar su desarrollo, en 2018, cuando los polémicos exámenes –imprescindibles para obtener el título– afectarán al expediente académico. Ya sucedió con la Ley Orgánica de Calidad Educativa (LOCE) aprobada en 2002 en el segundo mandato de José María Aznar y que ni siquiera llegó a implantarse. El PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero la paralizó para derogarla definitivamente en 2006. La Logse había sido la referencia desde 1990 hasta que la irrupción por primera vez del PP trató de sustituirla por la citada LOCE, sin que hasta el momento los partidos políticos hayan avanzado en la exigencia de alcanzar un pacto por la educación.