El ex consejero «casi ejemplar» admite haber recibido 52 millones para cursos

El ex consejero socialista de Hacienda y empresario Ángel Ojeda uno de los investigados por la Justicia en el presunto fraude en torno a los cursos de formación subvencionados por la Junta, acudió ayer a su cita con la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre este asunto, en el traje de hombre «casi ejemplar» al que su madre, maestra de profesión, transmitió la vocación de formar. Ojeda, de 67 años, ha sido el artífice de un grupo empresarial que cristalizó en Prescal y acumuló más de un centenar de expedientes de subvenciones del Gobierno andaluz. Éste ha impartido, según apuntó, más de 9.000 acciones formativas en los últimos cuatro años en «toda España».

La Policía lo señaló por haber captado más de 50 millones en ayudas para cursos en las que detectaron un rosario de irregularidades que el ex titular de Hacienda redujo a anomalías «administrativas». Admitió, a preguntas de la parlamentaria de Ciudadanos (C´s) Marta Bosquet, haber recibido 52, 6 millones para formación entre 2008 y 2013 –20,56 en régimen de concurrencia competitiva y cerca de 33 en subvenciones excepcionales vinculadas a Delphi, según precisó la diputada–, pero afirmó en múltiples ocasiones que «todos los cursos» se llevaron a cabo de forma legal y se «justificaron en todos los sentidos».

No recordaba el «detalle» de si fue agraciado con «18 subvenciones» por un global de «5,3 millones cuatro días antes de las elecciones autonómicas de marzo de 2012», pero sí subrayó que cuenta con «61 centros homologados» en todo el país y que para lograrlo invirtió nueve millones, «antes de que les dieran los cursos». El empresario explicó que la política de su red ha sido la de «no repartir dividendos nunca». «Todo el dinero que hemos tenido siempre en los cursos privados, en la aeronáutica, en la previsión de riesgos, en todo el grupo de empresas, lo hemos reinvertido» sostuvo. Y hubo matización tras interesarse Bosquet por el beneficio que obtenía: «Si había ganancia en los cursos privados o en la aeronáutica, que la había por supuesto», se reinvirtió «en lo privado». Una cuestión no baladí, ya que algunas de las entidades vinculadas a Ojeda que fueron regadas con ayudas formativas no tienen ánimo de lucro. A lo largo de su extensa comparecencia de unas tres horas y media, el ex consejero volvió a mencionar el número 61, para apuntar que ésos son los recursos contenciosos-administrativos que ha interpuesto ya contra la Junta y avanzar que podría haber además una ampliación de su denuncia por presunta prevaricación «masiva», presentada por que el Ejecutivo regional no le paga a «miles de empresarios» dinero que aún les debe por la formación.

Negó también, a preguntas del diputado socialista Rodrigo Sánchez Haro haberse aprovechado de sus relaciones personales en la Administración andaluza para influir en la concesión de fondos a su grupo, como se sostiene en el sumario sobre formación que instruye el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, e insistió en varias ocasiones en que, de hecho, el Estado le ha concedido más fondos que la Junta.

Tras plantearse una cuestión común en el desfile de comparecientes en la comisión, el por qué existen 18 procesos judiciales abiertos en la comunidad si no se ha violentado la legalidad, Ojeda hiló hasta colocar un mensaje: un inspector jefe de Policía fue quien «introdujo la vía penal». Ya al comienzo de su intervención rememoró la mañana del 4 de agosto de 2014 cuando mientras paseaba a su perro, seis policías «venidos directamente de Madrid y mandados por el Gobierno central» casi lo tiraron al suelo para conducirlo después a un «calabozo de aislamiento», como si de un «terrorista» se tratara. Recreación al margen, más tarde puso el foco en que se lanzara la denominada «operación EDU Costa en febrero, un mes antes de las elecciones autonómicas» y se detuviera a «90 empresarios»; para en marzo, «en plena campaña», se arrestara a otros 110 personas en «EDU Centro». A lo que luego se sumaron «otros 140 detenidos» en Huelva y Sevilla. Y ello, «habiendo casos más graves en otras comunidades», deslizó. Recalcó que fue un cargo policial el que «introdujo la deriva penal».

A la diputada de IULV-CA Elena Cortés le indicó que es «absolutamente habitual» el alquiler de naves entre empresas de un mismo grupo, como ocurrió entre las suyas, pero «a costo, nunca con sobrecosto». Cortés quiso saber si se realizaron «altas ficticias en la Seguridad Social» y Ojeda volvió a agarrase a un fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que obliga a volver a dar de alta a quien un inspector de trabajo dio de baja.

Juan Ignacio Moreno Yagüe, de Podemos, puso en duda la capacitación de las 12 entidades que se hicieron con las ayudas para formar a los despedidos por la multinacional Delphi, dado que carecían de experiencia y tuvieron que contratar «hasta las gomas y los lápices». Ojeda le replicó que se trató de una «resolución excepcional» y lo emplazó a preguntarle a la Junta para más detalles. Sí subrayó la rapidez con la que se montaron y «a un costo un 30% menor» que los impartidos por el Estado u otros entes –10 euros por hora/alumno, tres menos que la media–. En relación a Delphi, reconoció la existencia de un expediente de reintegro que no entiende.

100 euros por «0% caída» de «alumnos»

La formación sí puede ser un negocio y en algunos casos hasta se «premia» el trabajo «que lleve aparejado buenos resultados». Esto es lo que presuntamente se hacía en Prescal, a la luz de un e-mail interno de un directivo, al que accedió este diario, en el que se asegura que se recompensará con «100 euros por curso ejecutado» a los técnicos y coordinadores respectivos de cada población de los centros que cerraran el año «con el objetivo cumplido de 0% caída alumnos». ¿El motivo? El ingreso por curso de formación para la empresa «se reduce proporcionalmente» al desplome del alumnado, lo que «puede suponer la pérdida de dinero», según advierte en el correo.