El juzgado confirma el carpetazo al «caso Aznalcóllar» ocho meses después

Carpetazo. La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha archivado la investigación penal abierta en torno al concurso por el que se adjudicó la explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) a la agrupación empresarial Grupo México-Minorbis –concesión que firmó luego Minera Los Frailes– al no apreciar indicios de prevaricación. El auto en el que la jueza explica su decisión está fechado el pasado viernes 6, día en el que la Junta hizo público el levantamiento de una teórica suspensión en el avance de los trabajos mineros decretada en abril y su intención de entregar a Minera Los Frailes los terrenos.

Más de ocho meses después del inicio de un proceso en el que han llegado a estar imputados siete cargos de la Junta, incluida la ex directora general de Industria, Energía y Minas apartada, María José Asensio; la magistrada ha decretado el sobreseimiento provisional de lo actuado, poniendo fin a la vía penal arrancada el 2 de marzo tras una denuncia de Emérita Resources, una de las perdedoras del concurso internacional, a la que Fernández señala el camino del contencioso-administrativo.

Fernández concluye que «no puede afirmar la concurrencia de los requisitos descritos como propios de la prevaricación en el procedimiento y trámites» del polémico concurso dado que «las cuestiones objeto de debate son cuanto menos susceptibles de otra interpretación distinta a la sostenida en la denuncia matriz».

En su resolución, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la jueza argumenta que no ha de convertirse a la instrucción penal «en instancia encargada de la baremación de las diversas soluciones propuestas si no existen indicios suficientes más allá de meras sospechas o conjeturas de la existencia de desviación de poder al ejercer las potestades de selección de las ofertas presentadas». Es más, recuerda que «corresponde a la Administración», al Gobierno andaluz, el «velar por lo que constituye una autorización de carácter constitutivo del derecho de investigación minero o explotación mineras, que se pierde por incumplimiento de las condiciones impuestas en el acto de otorgamiento o en la ley», y que la Junta tiene que «ejercer sus potestades de ordenación minera» conforme «a cánones de racionalidad». Para la instructora, no se ha podido acreditar, entre otras cuestiones, que «las decisiones ‘injustas y arbitrarias’ –según Emerita– relacionadas con la convocatoria y posterior adjudicación de la explotación de la mina fueran tendentes a beneficiar a Minorbis SL, como filial del grupo Magtel, fundamentado ello en la amistad que vincularía a la familia López Magdaleno con altos cargos en la consejería». No aprecia indicios de delito en las visitas o manifestaciones del propietario de Magtel, Mario López Magdaleno, al ser, entiende, «práctica habitual en las empresas del sector» la existencia de «intercambios previos de opiniones y contactos»; ni tampoco en la llamada telefónica realizada por el secretario general de la dirección de Industria, Vicente Fernández Guerrero, «para preguntar por el proceso de negociación».

«Cuando a pesar de la posible apariencia delictiva inicial de los hechos que se imputan –insiste la jueza–, de la instrucción no resulte ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad, el sentido común exige que se ponga término de forma inmediata a la investigación penal». Con todo, el abogado de Emerita, Ramón Escudero, confirmó ayer a este periódico que recurrirán en apelación ante la Audiencia de Sevilla, además de «continuar con la demanda contencioso-administrativa» que presentaron. De otro lado, el letrado Juan Carlos Alférez, una de las defensas personadas en la causa, no dudó en calificar el archivo como «justo», además de «un ejemplo del buen funcionamiento del sistema», ya que, las dudas vertidas por la denunciante carecían del «más mínimo fundamento y rigor jurídico».

Coincidencias en una carrera

No ha sido ésta la primera vez que el nombre de la jueza Patricia Fernández se liga a Aznalcóllar. Su primer destino fue ocupar la plaza que Celia Belhadj-Ben dejó vacante el 30 de abril de 1999 como titular del juzgado de Instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), encargado de la instrucción sobre el vertido tóxico de Boliden. Asunto que también se archivó en la vía penal, aunque finalmente Fernández no llegó a llevar.

Las reacciones

José Sánchez Maldonado, consejero de Empleo, Empresa y Comercio: «Tendremos que interrogarnos sobre quién asume las responsabilidades»

Francisco Carbonero, secretario general de CC OO en Andalucía: «La alarma que se dio, parecía una historia de corrupción»

Juan Cornejo, secretario de Organización del PSOE-A de IULV-CA: «Confirma que no había el más mínimo atisbo de irregularidad»

Isidoro Albarreal, miembro de Ecologistas en Acción Andalucía: «Esperemos que en el futuro no tengamos que arrepentirnos de la decisión judicial».