El juzgado quiere saber cuántas ayudas de los ERE se dieron al amparo de normativa estatal

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Primero dijo que no, pero la instructora del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, María Núñez, ahora quiere saber el «número» y la «cuantía» de las ayudas sociolaborales que se concedieron al amparo de la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995. El nacimiento de ese interés está vinculado a una petición que realizó la defensa de la propietaria del restaurante sevillano Río Grande, Carmen García, en el ámbito de la pieza separada que gira en torno a aquel negocio.

Núñez se negó de arranque a tirar de ese hilo, al entender que lo solicitado no guardaba relación con el objeto de la investigación, pero el representante procesal de García insistió, vía recurso, y le trasladó a la jueza que lo que pretendían era averiguar si existía o no «un marco legal que sirva de amparo» a las subvenciones públicas en el punto de mira.

Ahora, la instructora, en un auto consultado por LA RAZÓN, admite el recurso y acuerda la práctica de las diligencias demandadas por lo que pide al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que emita «certificación comprensiva» sobre la cantidad y el importe de las ayudas sociolaborales que se repartieron al calor de la mencionada orden.