El Parlamento tendrá que esperar para saber sobre la «patata caliente» de la Faffe

Maldonado afirma que la empresa externa que realiza una auditoría ha pedido más tiempo y que la enviará a la comisión de los cursos-

La Junta, la empresa externa que contrató, sigue buceando en las turbias aguas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) sin nada que sacar aún a la superficie. El resultado de la auditoría centrada en las subvenciones que se le otorgaron entre 2009 y 2011 tendrá que esperar. Así lo admitió ayer el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, en el Parlamento andaluz, para adelantar luego que el Ejecutivo del que forma parte enviará las conclusiones del análisis a la comisión de investigación que sobre el presunto fraude en formación se ha creado en la Cámara, así como a la Intervención General de la Administración autonómica.

Sánchez Maldonado, quien compareció a petición del PP-A que quería aclaraciones sobre el «agujero» en los cursos, explicó que fue en mayo de 2015 cuando la Junta adjudicó la auditoría cuyo plazo inicial era de seis meses, si bien, se han producido varias solicitudes de ampliación del mismo y el resultado final no estará ultimado hasta el 8 de abril.

El consejero de Empleo sacó pecho por que, pese a que «no se detectaron irregularidades en los controles anuales», la consejería que dirige «motu propio» contrató la revisión de las operaciones realizadas en esos años con los fondos públicos para tener una radiografía «fiel» del «grado de cumplimiento de la legalidad».

Pero hubo réplica. La diputada andaluza del PP-A Teresa Ruiz-Sillero le lanzó que si a algo responde la auditoría es a que la Cámara de Cuentas «detectó irregularidades» en el seno de la antigua fundación. La popular no se abstuvo de juzgar su actitud «obstruccionista» en un «tema que compromete a las entrañas del Gobierno socialista» y le instó a no jugar a «esconder los papeles a este Parlamento ni a la Justicia». Hizo un repaso por las peticiones de información realizadoas por el juzgado que ha centrado unas diligencias en la Faffe –el de Instrucción 6 de Sevilla– y por las llevadas a cabo por su propio Grupo en el seno de la comisión de formación y que, de momento, no han tenido respuesta. Ruiz-Sillero cifró en 300 millones lo perdido en el tránsito de la integración de la Faffe en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y advirtió al consejero de que si él se echa a un lado, «sólo cabe pensar que hay una máxima responsable: su jefa –en alusión a la presidenta del Ejecutivo regional, Susana Díaz–, que tiene la patata caliente de la liquidación de la Faffe y de la investigación judicial».

Tras reprochar al socialista su «estilo» de «tapar o quemar», en referencia a la hoguera en la que terminaron papeles de la Junta en un descampado, Ruiz-Sillero siguió aportando datos entre los que espetó al consejero que el Consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales (CTI) de San Fernando (Cádiz), ya disuelto, cuenta con «una resolución de reintegro» por un importe de 4,4 millones de euros de cuatro ejercicios que se la abrió él «porque subcontrataban con la Faffe».