El grupo parlamentario del PP-A ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la que pide a la Junta que establezca, en el plazo de tres meses y en el marco de sus competencias, un protocolo de actuación y prevención en materia de alergias alimentarias, de obligado cumplimiento para todos los centros escolares, que garantice la seguridad y protección de los menores escolarizados afectados. Unos 300.000 andaluces sufren alergias alimentarias que les pueden costar la vida. La prevalencia de alergias alimentarias es cada vez mayor y se estima que entre un 3 y un 4% de ciudadanos las padecen, según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (Seaic). En niños, la incidencia es mayor y alcanza hasta al 7%.

En la iniciativa parlamentaria, a la que accedió Europa Press, el PP-A también reclama que la Administración andaluza fomente convenios con el sector de la hostelería de Andalucía para facilitar la información a los consumidores y desarrolle actividades destinadas a la prevención con las asociaciones que representan a los alérgicos e intolerantes alimenticios para mejorar la calidad de vida de los mismos. Junto a ello, los populares demandan la puesta en marcha, en el plazo de tres meses, del portal web destinado a informar a la sociedad en materia de alergias alimentarias y sobre los instrumentos que para la prevención a favor de la seguridad y protección de los menores existen en nuestra comunidad autónoma. En la exposición de motivos, el PP-A dice haber detectado la inexistencia de un protocolo de actuación en materia de prevención y control de alergias alimentarias que sea de obligado cumplimiento en todos los centros escolares y que permita garantizar la plena seguridad de los escolares afectados por las distintas alergias alimentarias en todos los ámbitos (aula, recreo, actividades extraescolares, celebraciones de índole variada, excursiones...), y no sólo dentro de los comedores de los centros educativos. Según apunta, la existencia y aprobación de dicho protocolo, que correspondería elaborar a la Junta, al ser ésta la que tiene la potestad normativa en este ámbito, es «imprescindible» para propiciar una «rápida y eficaz» actuación del centro ante la ingestión accidental de un alérgeno que podría llegar a causar incluso el fallecimiento de los menores afectados.