El PP insiste en que se investiguen los 106 millones repartidos para formar a los ex trabajadores de Delphi

Recurre el auto de Núñez en el que se negó a su petición y pide a la Audiencia que lo anule al no ajustarse «a derecho»

El PP se ha marcado una misión en la «macrocausa» sobre los cursos de formación que articula el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla: ampliar la investigación de la pieza centrada por ahora en el entramado empresarial del ex consejero Ángel Ojeda a los 105,9 millones de euros que se repartieron para el reciclaje formativo de los ex trabajadores de Delphi, tras el cerrojazo en la factoría de Puerto Real (Cádiz), como adelantó LA RAZÓN. La titular del órgano judicial, María Núñez Bolaños, rechazó la petición. Lo hizo además en línea con la Fiscalía Anticorrupción, que la impugnó, y aseverando que los populares pretendían abrir una «investigación prospectiva» sobre la base de «interpretaciones parciales» y sin que constaran «hechos indiciarios» que legitimaran «dicha actividad» indagatoria. Pero los representantes procesales del PP, personado como acusación, no se han dado por vencidos. Han presentado un recurso de apelación contra el auto en el que Núñez dijo «no» a su solicitud.

En el escrito de seis páginas, al que ha tenido acceso este periódico, los abogados del PP-A critican que se haya acusado a su representado de «querer abrir una investigación prospectiva», a futuro, e insisten en que su pretensión está fundamentada en «datos objetivos e irrefutables consistentes en un informe obrante en la causa», elaborado por los inspectores de trabajo y seguridad social Roberto Álvarez y Carlos Uruburu; así como en «unas afirmaciones objetivas y literales vertidas en una posterior declaración» del propio Uruburu. Defienden que si algo buscan con su movimiento es «precisamente» evitar que exista «parcialidad en la investigación y, por tanto, en el objeto» del proceso. Recuerdan en su recurso que dicho perito declaró el 8 de septiembre de 2016 en sede judicial, a preguntas del letrado de Ojeda, Juan Carlos Alférez, que «la problemática, el origen de todo» era «el mismo», en referencia, según los representantes legales del PP, a «todas las empresas del dispositivo Delphi» que constaban en el trabajo pericial que integra el sumario y «no sólo» a las del grupo del ex consejero. Una afirmación que, entienden, «hay que ponerla en relación» con ese informe de Álvarez y Uruburu en el que se concluye que «tales hechos –ligados al global de entes que participaron en el dispositivo Delphi y no sólo a los hilvanados a Ojeda, de acuerdo a lo sostenido por el PP– podrían tener relevancia penal». A ello suman que está «acreditado» en la causa que «la Inspección de Trabajo levantó actas por relaciones laborales fraudulentas al resto de entidades y empresas del dispositivo Delphi». En concreto mencionan a Alestis Aerospace Manufacturing SLU, a la que «se le impuso una sanción de 912.646 euros», a la Fundación Universidad de Cádiz, con 2.625.420 euros de multa; a La Fundación Forja XXI, con 312.550; a la Fundación Escuelas Profesionales Sagrada Familia, sobre la que recayeron 456.323 euros de sanción; y a la ex fundación Faffe de la Junta, en cuyo caso no se aporta ninguna cuantía.

La representación procesal de los populares estima que el auto de la instructora recurrido «no es ajustado a Derecho, por despreciar la existencia de ‘notitia criminis’ –una información capaz de producir efectos jurídicos previstos por la ley– que hacen necesaria la ampliación de investigación» que demandan, «vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento con todas las garantías». Es más, dejan claro tanto a la jueza como a la Fiscalía que «siempre» han basado sus escritos «en fundamentos jurídicos». Instan a la primera a elevar su recurso a la Audiencia Provincial de Sevilla, a la que piden que «anule y deje sin efecto» la resolución de Núñez y dicte otra que «acuerde ha lugar» a su objetivo de extender los horizontes de esta pieza del «macroproceso» al total de las subvenciones concedidas a la formación y a la contratación analizadas» en el documento de Álvarez y Uruburu «que ascienden a 105.987.407,54 euros, acordando las diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos».

En definitiva, se mantiene la confrontación respetuosa pero tenaz entre la instructora y el PP en el ámbito de esta causa.