ERE

El PP pide investigar si la Junta «falseó» un documento para defender a Griñán

Señala que un certificado de acuerdo del Consejo de Gobierno del 28 de diciembre de 2004 aportado por el letrado del ex presidente lleva una fecha y un sello «distinto» al que la Administración remitió anteriormente para la causa

Los ex presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y José Antonio Griñán, en la sala del juicio del “caso ERE”
Los ex presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y José Antonio Griñán, en la sala del juicio del “caso ERE”larazon

Señala que un certificado de acuerdo del Consejo de Gobierno del 28 de diciembre de 2004 aportado por el letrado del ex presidente lleva una fecha y un sello «distinto» al que la Administración remitió anteriormente para la causa

La acusación popular en el «caso ERE» que ejerce el PP ha solicitado que se investigue si la Junta ha falseado un documento aportado hace algo más de una semana por la defensa del ex presidente Griñán, del que ya informó LA RAZÓN. Se trata de un certificado de acuerdo del Consejo de Gobierno del 28 de diciembre de 2004 que lleva una fecha y un sello distinto a la prueba original que la Junta remitió en su día para la causa.

El documento corresponde al expediente de modificación presupuestaria 946/2004 denominado «Transferencia de créditos en el capítulo IV de los programas 3.2.B y 3.2.H del Servicio Andaluz de Empleo», y que fue aportado por la defensa de Griñán durante su declaración del 5 de abril. Según expuso el PP-A, dicho documento contiene incongruencias respecto al que ya obra en la causa, lo que podría­ a ser producto de un presunto falseamiento, «tales como que el anverso del documento que obra en la causa está firmado por el viceconsejero de Presidencia el 28 de diciembre de 2004 y el que aporta la defensa del Griñán está fechado el 30 de diciembre de 2004». Asimismo, en el reverso del documento obrante en la causa no aparecen las firmas del Director General de Presupuestos y del Jefe de Servicio de Presupuestos de Actividades Sociales, que sí­ aparecen en el aportado por la defensa de Griñán. Por otro lado, la firma del Jefe de Servicio de Presupuestos de Actividades Sociales «es una firma ilegible, sin sello, sin identificar al firmante, que se señala que lo hace «por autorización» (P.A.), figura inexistente en derecho administrativo que sólo permite la suplencia o la delegación, según la representación procesal del PP. En el escrito remitido a la Audiencia también se advierte de que el informe del Interventor General que ha aportado Griñán es la página 4 de un fax, omitiéndose, al menos, las tres primeras páginas, con lo que la información es «sesgada e incompleta».

Los letrados del PP-A han solicitado al tribunal que dicha documentación sea admitida, pero como prueba sobre la declaración de Griñán, que «con la aportación de este documento presuntamente falseado pretende acreditar que sólo plasmaba su firma para elevación de la propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno cuando obraban todos los informes y firmas necesarias». La acusación popular solicita al juez que deduzca testimonio de dichos documentos y los obrantes en la causa que se citan en el presente escrito, para su remisión al Juzgado de Instrucción por si los hechos fuesen constitutivos de delito de falsedad documental o, incluso, de estafa, en la modalidad de fraude procesal.

El PP-A, al margen del proceso judicial, exige a la Junta que aclare esta duplicación de documentos oficiales y ofrezca explicaciones sobre su intervención. «El Gobierno socialista tiene la obligación de explicar si ha intervenido u ordenado intervenir en el presunto falseamiento de un documento oficial que, para mayor gravedad, tenía como finalidad ser aportado en una causa judicial en la que están acusados dos ex presidentes y una veintena de ex altos cargos», denuncian los populares, que recuerdan desde «el respeto a la presunción de inocencia», se trata del «mayor caso de corrupción que se ha dado en la historia democrática de Andalucía». El PP subrayó que su «objetivo» es «la recuperación de los fondos defraudados».