El «número dos» del PSOE andaluz, Mario Jiménez, aseguró ayer que en la medida en que el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos pudiera afectar a decisiones adoptadas por responsables políticos socialistas, su partido asumirá «proporcionalmente» las responsabilidades que correspondan en el ámbito político.

«Cuando se produzca la resolución judicial y se establezcan claramente las responsabilidades judiciales, evidentemente eso tendrá un reflejo en términos de responsabilidades políticas», aseguró el vicesecretario de los socialistas andaluces en una entrevista con Efe. Ahora bien, a día de hoy y con los datos conocidos hasta el momento, no se puede «ir más allá» respecto a la asunción de responsabilidades políticas, según Jiménez, pese a que «algunos quieran dar curso a un desahogo».

«Lo que los ciudadanos quieren es que avance la instrucción, que se abra juicio, que empiecen a desfilar los que hayan cometido presuntamente ilegalidades y que respondan», matuvo Jiménez. Y añadió: «En lo que eso pueda afectar a decisiones que se hayan producido por parte de responsables del PSOE, evidentemente asumiremos proporcionalmente, en el ámbito político, las responsabilidades que correspondan», insistió.

Mientras tanto, el PSOE lamenta que algunos lleven más de dos años «arrojando sombras de sospecha» sobre determinados responsables políticos «de manera sistemática». En ese punto, se refirió al caso concreto del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, para decir que el partido ha decidido presentar una denuncia judicial para «reivindicar» el respeto a su «honor y dignidad».

«Vamos a presentar una denuncia para reivindicar ante los tribunales el honor y la dignidad de una persona absolutamente honesta, que lleva treinta años como servidor público y que jamás se ha enriquecido en el ejercicio de su tarea», indicó el dirigente socialista, quien recalcó que no van a «consentir que personas que no pueden decir lo mismo se atrevan a calumniarlo».

De otro lado, el secretario general del Partido Comunista andaluz (PCA), José Manuel Mariscal, aseveró que en el caso de que se produjeran imputaciones en el Gobierno andaluz por las irregularidades de los ERE, «tendrá que dimitir quien tenga que dimitir», pero IULV-CA no se saldrá del Ejecutivo bipartito.

Para Mariscal, los casi 500.000 andaluces que le dieron el voto a IULV-CA en las pasadas elecciones autonómicas «lo hicieron para que barriéramos la casa y no para que la dejáramos abandonada, ni en manos de otros a los que la escoba se les da regular».

«Si hay algún imputado, y bajo el principio de ejemplaridad, tendrá que dimitir quien tenga que dimitir, aunque no le vamos a decir a nadie lo que tiene que hacer», defendió el líder de los comunistas andaluces.

Aunque quiso puntualizar que «evidentemente», no van a «gobernar con corruptos», tal y como alertó una de las facciones de la federación, la CUT-BAI.

El ex chófer pide su absolución en la causa por delito fiscal

La defensa de Juan Francisco Trujillo, el ex chófer imputado en el proceso judicial de los ERE fraudulentos, ha pedido su absolución en la causa por delito fiscal abierta contra él por no declarar dos ayudas de 450.000 euros que recibió del que fuera su jefe, el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, en prisión desde el pasado miércoles.

Trujillo se enfrenta a una petición de la Fiscalía de dos años y medio de cárcel, una multa de 99.402 euros y la devolución a la Agencia Tributaria de la cuota tributaria de 165.067 euros que dejó de ingresar.

Además, el Ministerio Público solicita cuatro años de inhabilitación para obtener cualquier tipo de subvenciones oficiales. Junto a la causa por los ERE, Trujillo está acusado en dos juzgados de Andújar (Jaén) por otros tantos delitos fiscales, por no declarar a Hacienda las dos mencionadas subvenciones que percibió de la Junta para dos empresas.