Parlamento Regional
El PSOE justifica el escrache previsto contra el nuevo Gobierno andaluz
El PP reclama que se abandonen las posturas antidemocráticas y reclama a Díaz «lealtad institucional»
Horas después de que Susana Díaz reconociera la «legitimidad» del nuevo Gobierno andaluz que debe constituirse la semana que viene, el PSOE hizo lo contrario avalando el escrache previsto durante la sesión de investidura del próximo martes y miércoles en el Parlamento andaluz. Lejos de dar marcha atrás, los socialistas justificaron ayer su decisión por el apoyo de Vox a este cambio de Gobierno.
En este sentido, el vicesecretario de Organización, Formación y Electoral del PP-A, Toni Martín, criticó ayer que Susana Díaz «se niega a aceptar» esta situación e intenta «torpedear con todos los instrumentos confesables e inconfesables» este relevo al frente de la Junta.
Como publicó ayer este periódico, agrupaciones del PSOE han fomentado a través de las redes sociales esta concentración a las puertas de la Cámara andaluza la semana que viene e incluso han ofertado la posibilidad de sufragar el desplazamiento a los manifestantes. Para el dirigente popular, «se trata de recursos públicos a disposición de quien quiera participar en este primer escrache al Parlamento. ¿Esto es colaborar con el traspaso de poderes o es el primer episodio del PSOE que se radicaliza hacia la extrema izquierda?», se preguntó Martín.
Por ese motivo, el Partido Popular reclamó a Díaz «altura institucional, que abandone su actitud antidemocrática al apoyar estos escraches» y le exigió «lealtad a Andalucía y respeto al Parlamento en un día tan importante como la investidura del nuevo presidente».
Los socialistas no se dan por aludidos y tardaron poco en responder a través de las redes sociales apuntando, entre otras cosas, que un «escrache» es lo que el PP «le está haciendo a las mujeres andaluzas».
La utilización de las mujeres por parte del PSOE es una de las líneas de actuación que se han marcado los socialistas en la nueva etapa en la oposición que, tras casi cuatro décadas gobernando, van a estrenar en unos días. En el acuerdo firmado entre el PP y Ciudadanos no hay nada que vaya en contra de este colectivo. Tampoco en que han suscrito los populares con Vox. No se contempla la derogación de la ley contra la vbiolencia de género ni la de igualdad. De hecho, ésta última estuvo presente en la composición de la Mesa del Parlamento y también estará en la composición del nuevo Ejecutivo –asunto que deberá quedar cerrado la próxima semana– ya que la ley vigente exige equilibrar la presencia de hombres y mujeres en los órganos directivos y colegiados, cada consejería, organismo público y entidad de derecho público, vinculado o dependiente de la Administración pública andaluza.
La secretaria general del PSOE de Sevilla, parlamentaria andaluza y secretaria primera de la Mesa del Parlamenbto, Verónica Pérez, calificó las movilizaciones feministas previstas para el próximo martes como «pacíficas», insistió en que «un escrache es pactar con un partido machista» –lo que a su juicio es lo que ha hecho el PP con Vox– y anunció que el PSOE va a secundarlas porque van a servir para «decir y gritar bien alto que no vamos a permitir que se dé ni un paso atrás en la conquista y la defensa de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres».
De momento, la izquierda ha decidido tomar la calle para protestar por el cambio de Gobierno en Andalucía. Ya hay convocadas dos tipos de manifestaciones. La primera son concentraciones de carácter feministas que tendrán lugar el martes bajo el lema «Ni un paso atrás en igualdad». Esta iniciativa parte del colectivo feminista de Andalucía «Mujeres24H» que tiene previsto aglutinarse tanto a las puertas del Parlamento de Andalucía, en Sevilla, como en el resto de provincias de la comunidad. Ésas son las que cuentan con el aval del PSOE.
La segunda convocatoria tendrá lugar un día después y aspira a «rodear» el Parlamento justo cuando los 109 diputados estén votando al nuevo presidente de la Junta, que será Juanma Moreno. La iniciativa en este caso correponde al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y pretende formar una cadena humana alrededor de la Cámara andaluza bajo el eslogan «Andalucía no está en venta». Apuntan que su objetivo es evitar que el cambio de gobierno ponga en marcha «nuevos ataques» contra los derechos sociales y democráticos y los servicios públicos, con privatizaciones y recortes de las políticas sociales.
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