Financiación autonómica

El revés sobre financiación deja a Díaz sin el eje sobre el que sustentó la legislatura

La Junta y el PSOE tratan de defender el acuerdo parlamentario a la espera de la reunión con Sánchez

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ayer, en el Parlamento, junto al vicepresidente Manuel Jiménez Barrios y el portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez (Foto: Manuel Olmedo)
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ayer, en el Parlamento, junto al vicepresidente Manuel Jiménez Barrios y el portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez (Foto: Manuel Olmedo)larazon

En menos de tres semanas, la relación entre la Junta de Andalucía y el Gobierno «amigo» de Pedro Sánchez –como así trataron de recibirlo– se ha quebrado. Y lo ha hecho en torno al asunto más importante para el Ejecutivo andaluz: la reforma del modelo de financiación autonómica, el asunto «estrella» sobre el que ha pivotado la actual legislatura, especialmente en el segundo tramo de la misma.

El anuncio de Sánchez ha provocado un gran desconcierto en el Ejecutivo andaluz. Mientras el presidente del Gobierno anunciaba el martes que renunciaba a aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica en el Senado –y lo ratificaba ayer–, Susana Díaz había organizado una reunión con los principales dirigentes y cargos públicos del PSOE andaluz para reforzar su posición ante el cambio de escenario político. La consigna era aprovechar la buena acogida que había tenido el nuevo Gobierno para cerrar algunos acuerdos y mantener la posición hegemómica del PSOE-A de cara a las próximas elecciones autonómicas. La situación ha cambiado radicalmente porque la Junta se queda ahora sin discurso y la oposición se carga de argumentos para criticar el incumplimiento de Sánchez y la débil posición de Díaz.

La presidenta de la Junta impulsó un acuerdo andaluz en defensa de un nuevo modelo de financiación autonómica a finales de agosto del año pasado. Implicó a los partidos políticos –sólo Ciudadanos no lo secundó– pero también a sindicatos, patronal y colectivos sociales. El objetivo era aparecer ante el Gobierno de Rajoy como firme defensora de los intereses de Andalucía y culpar a la Administración central de la falta de recursos económicos con los que cuenta la Junta para atender servicios públicos esenciales.

La estrategia estaba dando sus frutos. El PP andaluz firmó el acuerdo para no verse fuera pese a que no se le admitieron sus propuestas al texto definitivo, acordado entre el PSOE, Podemos e IU. Mientras, la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, denunciaba en múltiples ocasiones la «infrafinanciación» que padecía Andalucía y reclamaba 4.000 millones de euros más para la comunidad.

Ese discurso queda ahora en entredicho. Susana Díaz –que ayer canceló una entrevista en un medio nacional– aseguró que la forma «más transparente y más justa» para llevar a cabo la suficiencia financiera de las comunidades autónomas es el modelo de financiación autonómica y confío en que haya «sensibilidad» en el Gobierno de Pedro Sánchez para que Andalucía reciba los 4.000 millones de euros adicionales que reclama. De momento, Díaz confía en las explicaciones que recibirá del presidente del Gobierno una vez que se reúnan en la Moncloa, cita para la que no hay fecha cerrada.

Hay otro asunto que siempre ha preocupado al Ejecutivo andaluz: que las negociaciones para un nuevo modelo de financiación autonómica se sustituyan por contactos bilaterales entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Esto es, precisamente, lo que ha anunciado Sánchez y a lo que siempre se ha negado el PSOE andaluz. De hecho, el modelo territorial –incluyendo la financiación– que defiende Díaz se remite a la Declaración de Granada del PSOE, un documento de julio de 2013 que, entre otras cosas, aboga por un nuevo modelo de financiación «justo y equitativo que dé certeza, estabilidad y equilibrio al sistema de reparto de los recursos públicos, hoy permanente cuestionado y sometido a continuas revisiones». Ésa era la fórmula de los socialistas para diferenciarse entre el modelo «recentralizador» que, según denunciaban, impulsaba el PP desde el Gobierno central y la deriva independentista catalana que abogaba por la ruptura de las instituciones del Estado.

Reafirmar el acuerdo y críticas de la oposición

La Junta se escudará en el acuerdo parlamentario para justificar su rechazo a la idea de Sánchez. El PSOE-A criticó al PP y al anterior Gobierno por no haber renovado el modelo de financiación mientras que el Ejecutivo andaluz anunció que convocará el grupo de trabajo sobre financiación autonómica creado el año pasado en el Parlamento de Andalucía para «reafirmar el acuerdo alcanzado en su seno», que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo Cs. La oposición, por por su parte, lamentó la «traición» de Sánchez y mostró su temor a que con la «bilateralidad» se busque contentar a los nacionalistas. El PP andaluz anunció también reuniones con agentes que fueron «activos» en la propuesta andaluza de reforma de financiación. La estrategia de Díaz se vuelve ahora contra ella.