El Tribunal de Cuentas cifra ya en más de 8,5 millones las ayudas fraudulentas

Una nueva sentencia condena a los ex directores de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera a devolver los 82.215 euros que recibió Acyco

El juicio de los ERE continúa por dos vías paralelas. De un lado, la Audiencia de Sevilla. De otro, el Tribunal de Cuentas, que sentencia a sentencia viene ratificando el desfalco en los procedimientos de reintegro por alcance a las cuentas públicas a través de los ERE, en esta ocasión, de 82.215 euros por la subvención a Acyco con cargo a la partida 31L. El fallo se suma a las sentencias anteriores, que también obligaba a la devolución de las ayudas: en concreto, 862.500 euros de Gálvez Peluqueros; 446.000 euros de la Faja Pirítica; 168.000 de Calderinox; 200.000 de Saldauto; casi 470.000 de Valeo Iluminación; 380.000 de Nueva Lima; 262.500 de Consyproan; o los de más de 5,6 millones de Astilleros. En total, sólo por los citados casos: unos 8,5 millones. La Fiscalía Anticorrupción cifró en 741 millones el fraude de los ERE. La acusación popular del PP habla de 1.200. El Tribunal de Cuentas sigue con el goteo.

En una nueva sentencia, a la que accedió LA RAZÓN, el Tribunal de Cuentas condena a los ex delegados de Empleo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera al pago de 82.215 euros por las ayudas concedidas a Acyco, empresa que también ha sido condenada. La sentencia considera probado que «por escrito de 9 de marzo de 2009, sin que conste sello de entrada en el Registro de la Junta», la administradora de Acyco, Aceitunas y Conservas SA «solicitó una ayuda pública sociolaboral de carácter excepcional» por importe «de 125.000 € para el abono de las nóminas». «Con fecha de 13 de marzo de 2010, constando sello de la Consejería de Empleo pero sin firma alguna ni identificación de la persona que lo realizó, se hizo una denominada memoria justificativa de la finalidad pública e interés social y económico de la ayuda sociolaboral», en la que «se concluía que esta empresa estaba en quiebra técnica contable». Por resolución de 24 marzo de 2010 firmada por Juan Márquez como director general de Trabajo y Seguridad Social, «se concedió una ayuda sociolaboral excepcional por importe de 109.620 € a los trabajadores de Acyco para gastos de personal y mantenimiento de la viabilidad de la actividad económica, encomendando el pago de la misma a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía». Por resolución de 3 de septiembre de 2010 firmada por Daniel Alberto Rivera como director general de Trabajo, «se ordenó a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía el pago del 75% de la ayuda sociolaboral de carácter excepcional».

La sentencia, en consonancia con las anteriores, cita el informe de fiscalización y pone de manifiesto que no se cumplían los requisitos para la concesión de las subvenciones y ayudas del programa presupuestario 31L; así como que no quedaba «acreditado en los expedientes de concesión de las ayudas a empresas las razones de interés social o económico»; o el «uso inadecuado de las transferencias de financiación como procedimiento de ejecución presupuestaria para tramitar las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo con cargo al programa 31L».

La actora alegó que «el pago de la ayuda fue autorizado por el demandado Juan Márquez, en cuanto Director General de Trabajo desde el 29 de abril de 2008 hasta el 6 de abril de 2010, y que dicha autorización se produjo mediante la expresión de una causa falsa toda vez que el importe concedido coincidía con la minuta de honorarios debida por Acyco a Garrigues por la intervención de este despacho de abogados en la tramitación de un ERE en el año 2003». También señaló que Rivera «durante el tiempo en que ocupó el cargo de Director General de Trabajo desde el 13 de abril de 2010 hasta el 12 de junio de 2012 autorizó el pago del 75% de esa ayuda».