El Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado limitan los poderes de la comisión

La jornada vespertina de la comisión de los cursos de formación no se desarrolló según lo previsto ya que ninguna de las comparecientes citadas acudió al Parlamento de Andalucía. El caso de la ministra en funciones de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, estaba anunciado. No así el de la consejera del Tribunal de Cuentas María Dolores Genaro Moya, que tampoco asistió a la Cámara andaluza. Los argumentos esgrimidos por la consejera, en este caso, van en la línea que los expuestos por el Consejo de Estado: no hay «sustento normativo» para que un alto cargo de un organismo estatal rinda cuentas en un Parlamento autonómico porque ya lo hace ante las Cortes Generales.

Genaro Mayo fue convocada a propuesta del PSOE. Según explicó en su momento el portavoz del Grupo parlamentario socialista en la Cámara, Mario Jiménez, su presencia venía motivada porque había elaborado un informe que «pone en tela de juicio la gestión de la formación que viene haciendo el Gobierno del PP en los últimos años» y «puede aportar luz a la investigación».

La realidad, según una carta remitida al presidente de la comisión de investigación con fecha 12 de mayo, es que la consejera del Tribunal de Cuentas tiene poco que aportar sobre las supuestas irregularidades detectadas en Andalucía. En la misiva muestra su «total desconocimiento sobre el procedimiento de concesión, gestión, justificación y evaluación de las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía en materia de formación profesional para el empleo» y recuerda que «la fiscaliozación externa de dicho procedimiento corresponde a la Cámara de Cuentas de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1/1998...».

También recuerda que el artículo 136 de la Constitución Española establece que el Tribunal de Cuentas «es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado...» y «dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado».

Toda la argumentación que desarrolla en la carta intenta poner de manifiesto que el organismo del que ella es consejera rinde cuentas en exclusiva ante las Cortes Generales y que las cámaras autonómicas tienen sus propios entes fiscalizadores.

En segundo lugar, deja claro que aunque se omitiera esa circunstancia, poco tendría que aportar porque el Tribunal de Cuentas «no ha emitido informe alguno sobre las concesiones de las subvenciones otorgadas por la administración de la junta de Andalucía en materia de formación profesional para el Empleo...».

Y hay un tercer argumento. Genaro Mayo señala que es Consejera del Tribunal de Cuentas pero que, en cualquier caso, «es el presidente del Tribunal de Cuentas quien ostenta la representación de la institución, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 20 de la Ley Orgánica 2/1982...».

La conclusión es un corolario de todo lo anterior: «Estimo que mi comparecencia ante la comisión de investigación carece de sentido y de sustento normativo, porque la que suscribe no puede aportar –por carecer de ella– información alguna respecto al ámbito de la misma, por la dependnecia directa del Tribunal de Cuentas de las Cortes generales –consagrada constitucionalmente– y por no ostentar la representación del Tribunal de Cuentas».

Todos estos argumentos van en la misma línea que los utilizados por la ministra de Empleo para no comparecer en la Cámara andaluza. Y minimizan las críticas que durante todo el día los partidos políticos vertieron contra Fátima Báñez.

El Consejo de Estado, en su dictamen, señalaba, entre otras cosas, que «el ámbito autonómico al que se ciñeron tales subvenciones y el carácter también autonómico de los órganos que las otorgaron, unido a las distribución constitucional de competencias existente en la materia, son datos que conducen a pensar que la Administración del Estado se mantuvo –en principio y en ausencia de evidencias que pudieran indicar otra cosa– al margen del proceso de concesión de las ayudas en cuestión».

Incide no solo en el tema competencial, sino que alerta sobre la posibilidad de crear un precedente –o un agravio, según se mire– si un ministro en ejercicio acude a dar explicaciones a un parlamento regional. Así recuerda que «esta doctrina se ha venido aplicando desde entonces a más de media decena de casos que engloban desde la comisión de investigación del Prestige, constituida por el Parlamento de Galicia; la solicitud de comparecencia del ex presidente de la Comisión nacional del mercado de valores ante las Cortes valencianas; los requerimientos de comparecencia dirigidos a determinadas autoridades y personal del Banco de España y del FROB en la comisión sobre Caja de ahorros del Mediterráneo en las Cortes valencianas; o la solicitud de comparecencia al Gobierno y el ex gobernador del Banco de España en el Parlamento de Extremadura».

Igualmente, el Consejo de estado no entiende que se cite a Báñez que ocupa la cartera de Empleo en la actualidad, y no a sus predecesores, pese a que la comisión creada en el Parlamento de Andalucía analiza las ayudas desde el año 2002 hasta la actualidad, es decir, los últimos 16 años. Tampoco a otros altos cargos de ese ministerio.

Julio Díaz sí estaba al tanto

El presidente de la comisión, Julio Díaz, aseguró ayer que en ambos casos –el de la ministra y el de la consejera del Tribunal de Cuentas– se había producido una incomparecencia y que se estudiaría la posibilidad de llevar el asunto a la Fiscalía. Díaz admitió que conocía que la consejera no iba a acudir desde el viernes. Por su parte, el PP-A pidió ayer su dimisión por «parcialidad» y «por hacer un circo» de la incomparecencia de la ministra.