El TSJA atribuye tres delitos a Sánchez Gordillo por ocupar «Las Turquillas»

Sevilla- En camino de ser procesado. Así se encuentra el alcalde de Marinaleda y parlamentario de IULV-CA, Juan Manuel Sánchez Gordillo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictara ayer auto de procedimiento abreviado contra él, el portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, y otros 52 simpatizantes de la organización. ¿El motivo? La toma de la finca «Las Turquillas», en Osuna, el pasado 24 de julio.

La Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz les imputa tres presuntos delitos: usurpación, daños y desobediencia. A los que suma una falta de hurto.

En el auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el TSJA narra cómo unas quinientas personas convocadas por el SAT accedieron a la parcela de 1.200 hectáreas y destruyeron un azulejo rústico «colocado junto a la puerta de entrada al recinto con la leyenda 'Yeguada Militar' –la finca del Ministerio de Defensa está dedicada en su mayoría a la cría caballar–», sustituyéndola por otro con el rótulo «Igualdad y Tierra».

La Sala detalla, además, la instalación de un campamento por parte de los jornaleros, para lo que, entre otras acciones, «fracturaron los sistemas de guarda y anclaje» de un pozo para extraer agua y ducharse; o ataron con cuerdas un telón a unos olivos.

Durante su estancia los procesados «se apoderaron de utensilios de labranza y de materiales», según el relato judicial, objetos que se llevaron; y prendieron fuego a «unas 18 pacas de paja» con «riesgo de incendio del rastrojo existente en la zona». Peligro que «se incrementó» durante la ocupación por el uso de vehículos en unos terrenos que son «de relevante importancia por su ubicación y características ecológicas, agroambientales, ecoturísticas y su grado de protección».

En ese sentido, el Alto Tribunal cifra los daños causados en 422,72 euros, a los que añade otros 371,42 por los gastos de reposición y limpieza. O sea, en total, la toma de «Las Turquillas» habría provocado 794,14 euros en desperfectos, más 281,50, que constituye el valor de los objetos sustraídos, según la tasación pericial. Al margen de la afección, la Sala deja constancia de que la autoridad militar pidió a Cañamero y a Sánchez Gordillo que desalojaran la parcela, a lo que se negaron. Deja claro, asimismo, que el capitán de la Guardia Civil notificó «personalmente» el 7 de agosto a ambos líderes sindicales que el juzgado de Instrucción número 1 de Osuna había ordenado el «inmediato» abandono del lugar. Hecho que finalmente se produjo sin incidentes «a las seis horas del día 9 de agosto».

Ahora el TSJA concede un plazo de diez días a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que soliciten la apertura de juicio oral y formulen sus respectivos escritos de acusación o pidan el sobreseimiento de la causa, pudiendo interesar de manera «excepcional» la práctica de diligencias complementarias.

Cabe recordar que el 29 de abril, Sánchez Gordillo fue citado por este asunto en la sede granadina del Alto Tribunal a la que acudió para acogerse a su derecho a no declarar ante el magistrado instructor, Jerónimo Garvín. Preguntado ayer por la decisión del TSJA, la respuesta del diputado fue: «Sin problema». Si bien, a continuación matizó que los procesamientos «no tienen mucho sentido», dado que «en 'Las Turquillas' no se produjo nada grave en ningún momento». Frente a lo que para la Justicia puede ser una acción marcada por los despropósitos, el alcalde de Marinaleda defiende que «lo sucedido fue una ocupación simbólica y pacífica» para reivindicar que la tierra ha de ser para quien la trabaja. No es éste el único tema que Gordillo tiene pendiente en los juzgados por actos de protesta similares. Ante esta situación, el líder jornalero apunta que «por lo pronto» seguirá «atendiendo a la Justicia –compañeros como Cañamero se han declarado insumisos–». Aunque apostilla: «En el futuro, no sé».

Asaja critica la ocupación del PCA en Granada

La organización agraria Asaja reprobó ayer la ocupación de la finca de «El Cortijo de Enmedio», ubicada en Moclín (Granada), llevada a cabo el domingo por unas 150 personas convocadas por el Partido Comunista de Andalucía (PCA) para reclamar a la Junta la aprobación de un Decreto que cree el banco público de tierras.

Asaja quiso dejar claro que «nunca se ha posicionado a favor del reparto gratuito de las tierras y mucho menos de una ocupación», aunque apoyara a la plataforma ciudadana creada para que la finca se parcelara y vendiera.