Está en riesgo la seguridad jurídica

El Gobierno de la Junta de Andalucía acumula en diez meses numerosos ejemplos de improvisación. El cambio de las reglas del juego en la mitad de un partido es una irresponsabilidad que puede lastrar la imagen de una comunidad durante años. Si se transmite la idea de que en Andalucía se cambian normativas de manera caprichosa se levantará un muro infranqueable que hará que los inversores se marchen a otras regiones. Y en la comunidad con más tasa de paro del país constituiría una losa enorme. El último ejemplo es la reacción suscitada tras la aprobación para la utilización del subsuelo del Parque Nacional de Doñana para la producción y almacenamiento de gas natural, proyecto que lidera la compañía Petroleum Oil Gas-España, filial de Gas Natural Fenosa. IU, socio de Gobierno del PSOE, ya ha mostrado su oposición y ha anunciado que tomará medidas para revertir la autorización. Desde la Consejería de Medio ambiente, en manos de los socialistas, se han apresurado a advertir que estarán «vigilantes». Unas declaraciones que buscan calmar a su socio en el Ejecutivo andaluz, ya que el departamento que actualmente dirige Luis Planas conoce y ha avalado el proyecto. Además, la labor de «vigilancia» no se anuncia, sino que es una obligación de la propia Administración. A este caso se suma también el nuevo decreto-ley de ordenación de litoral, aprobado sin acuerdo y que paralizará la construcción de viviendas y de proyectos hoteleros, algunos de ellos ya anunciados y por los que sus promotores habían pagado sumas importantes de dinero a los ayuntamientos. La espiral del bipartito es muy peligrosa y debe frenarse cuanto antes.