Francisco Cuenca señala que siguió «instrucciones de la Dirección general»

El regidor de Granada y ex delegado de la Junta testifica por la denuncia del SAF ante la presunta «usurpación» de funciones al adjudicar contratos menores para el seguimiento de cursos

«Hay unas instrucciones de la dirección general y nosotros las acometemos». En estos términos explicó el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, su defensa en relación a la investigación abierta por el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, al entender que como delegado de Economía e Innovación de la Junta en Granada «habría efectuado la ilícita contratación» de los servicios de seguimiento, control y verificación de la ejecución de los Cursos de Formación Profesional para la Economía Social en esta provincia durante los ejercicios 2010 y 2011 «de forma injusta y arbitraria».

«He venido a Sevilla sólo a colaborar para que esto se esclarezca lo antes posible. Por lo tanto, la máxima colaboración y disposición. He venido a declarar, a explicarme», señaló Cuenca a la salida del juzgado, precisando que «en menos de media hora se ha atendido a todo lo que estaban planteando». «No hay más. Me vuelvo a ratificar en que no sé todavía qué hago yo aquí. No lo sé, sinceramente», expuso, añadiendo que los delegados «sólo tienen un papel en este caso de verificar las instrucciones de las direcciones generales y una tramitación de órganos técnicos». «De alguna manera nos lleva a pensar que es una cuestión casi administrativa, de haber contratado una consultora y entiende un sindicato que esa tarea tenían que haberla hecho ellos», explicó. «Insisto, no hay nada de corrupción, no hay ninguna duda. Nada puede poner en duda nuestra gestión; mi gestión, en este caso. Lo que estoy es deseando volver a Granada para seguir trabajando y defendiendo Granada», manifestó Cuenca.

«Las instrucciones vienen de la Dirección general con el objeto de hacer un seguimiento de una serie de acciones formativas, de jornadas, para ir comprobando no sólo que estén en condiciones el espacio y el sitio para su desarrollo sino la asistencia y demás. Son las tareas de seguimiento. Parece justificado», insistió el regidor, añadiendo que «se trata de contratos menores de 12.000 euros. No hay más». «En este caso el delegado –el propio Cuenca antes de pasar al Ayuntamiento–», cuenta «con informes preceptivos, con instrucciones de la Dirección general, de la jefatura de servicio» y «evidentemente, le da trámite». «Ése es mi papel. Dónde están aquí los motivos y razones para poner en cuestión mi honorabilidad y mi honestidad», se quejó. El regidor señaló que «hay una denuncia de un sindicato de funcionarios –el SAF– que entiende que el seguimiento (de los cursos) lo tenían que haber hecho ellos en vez de una consultora. No entro en cuestiones que desde el punto de vista técnico están tramitadas por instrucciones de una dirección general y en este caso por parte del delegado lo que hacemos es dar cumplimiento a esas instrucciones», subrayó.

«Estoy convencido de que se archivará la causa. Me cuesta trabajo todavía entender cuál es el motivo de por qué vengo yo a Sevilla a este tipo de instrucción. Me cuesta trabajo entenderlo», manifestó el regidor, añadiendo, además, «que en algunos casos se ha archivado previamente» denuncias similares. «Confío en que se resuelva lo antes posible y en este caso archivando la denuncia», manifestó. «Además hay que pedir que no se haga un uso torticero de esto porque no tiene nada que ver con los procedimientos de los cursos de formación que tanto recorrido han tenido y que han dañado en este caso la imagen de mucha gente y procedimientos que están en duda. No hay ningún motivo para poner ningún tipo de duda sobre cualquier tipo de procedimiento o causa para que se esté poniendo en duda mi honestidad y mi honorabilidad. Lo digo porque sí se ha hablado del tema de la vinculación, y creo que intencionadamente, por parte de algún partido político, con el proceso de los cursos de formación y no tiene nada que ver, ni hay ningún caso de corrupción en ese sentido», subrayó el alcalde. «Aquí no se está poniendo en duda el buen uso de los fondos públicos. Para nada. Se está viendo si tenían que haberlo hecho (el seguimiento) unas personas u otras», insistió el regidor.

En el auto, el juez relata que en 2010 y 2011 se llevó a cabo la adjudicación directa de los servicios a través de dos instrumentos calificados como «Memoria Justificativa», «articulados como un contrato menor de servicios, y en los que no se distingue a qué cursos deben destinarse los servicios contratados, sin que conste como tal el contrato administrativo, concertándose ambos de manera fraccionada y consecutiva». El magistrado habla de potestades «usurpadas» y en la denuncia también se añaden los presuntos delitos de prevaricación y malversación.