Fraude a la Seguridad Social en la externalizaciones educativas de Díaz

La consejería eleva un 17% las nuevas licitaciones para que las empresas puedan cumplir el convenio

Imagen de una de las múltiples concentraciones que durante el curso han realizado las monitoras en defensa del cumplimiento del convenio colectivo por parte de las empresas que ofrecen el servicio a la Junta / Foto: Manuel Olmedo

La consejería eleva un 17% las nuevas licitaciones para que las empresas puedan cumplir el convenio

La Inspección de Trabajo ha constatado la denuncia que las monitoras de educación especial venían realizando en los últimos tiempos. Las externalizaciones del servicio por parte de la Junta de Andalucía, con un presupuesto de licitación ajustadísimo, impedía a las empresas cumplir el convenio laboral vigente. Fruto de la reclamación de este colectivo en Granada, la actuación inspectora detectó un desfalco a la Seguridad Social por «falta de alta y cotización de las vacaciones no disfrutadas a la finalización de los contratos». Y como consecuencia de ello, la Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha procedido a elevar en las nuevas licitaciones el precio unitario de la hora de servicio de 14,5 euros a 17 euros (más de 17%). La medida no resuelve todo el problema generado por el Gobierno socialista y ahora heredado por PP y Cs.

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Granada dio la razón en junio de 2018 a las monitoras que denunciaron que la empresa incumplía el régimen de vacaciones, procediendo a dar la baja a las trabajadoras sin aplicar los periodos correspondientes. En concreto, esta reclamación se refería a la empresa Al Alba. La Inspección explica que dada la naturaleza del servicio, que se circunscribe al periodo de duración del curso escolar, fijándose el calendario escolar anualmente por resolución administrativa y repitiéndose en fechas ciertas, la modalidad contractual adecuada no es la correspondiente a los fijos discontinuos, sino la de los fijos periódicos, a los que se aplica la normativa de contrato indefinido a tiempo parcial.

La Inspección considera que «lo más adecuado sería que se mantuvieran de alta todo el año en virtud del contrato fijo periódico», es decir que la jornada se distribuyera anualmente y el alta se mantuviera en los periodos de inactividad. Sin embargo, la licitación de los lotes anualmente impide subsanar esta situación.

Pero la Dirección General sí obliga a la empresa a cumplir el artículo 111 del convenio colectivo, referente a la regulación de las vacaciones y periodo sin actividad. «El personal complementario titulado y auxiliar tendrá derecho a un mes de vacaciones anuales retribuidas. Asimismo, disfrutará durante el mes de julio de un periodo sin actividad de 15 días naturales consecutivos retribuidos». Y en el apartado tercero se añade que disfrutará de hasta 18 días naturales distribuidos en cuatro periodos, dos de los cuales preferentemente serán en Semana Santa y Navidad.

La Inspección establece que dado que los contratos que firma la empresa terminan con el curso escolar, a finales de junio, las trabajadoras no pueden disfrutar esas vacaciones, por lo que «las percepciones correspondientes a vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas serán objeto de liquidación y cotización complementaria a la del mes de extinción del contrato».

La Inspección corroboró la existencia de una deuda en la Seguridad Social por falta de alta y cotización de vacaciones no disfrutadas a la finalización del contrato, requiriendo a la empresa que tramite el alta y efectúe las liquidaciones correspondientes. La media de días no abonados se sitúa en 20 por monitora.

Como consecuencia de ello, la Consejería de Educación se ha visto obligada a elevar en las licitaciones para el curso en vigor el precio unitario de hora de servicio del monitor, pasando de 14,50 a 17 euros. Según se establece en los nuevos pliegos, ahora el precio del servicio «está adecuado al mercado y en él se han considerado los costes salariales señalados en el convenio colectivo sectorial, así como los costes directos vinculados a las exigencias del contrato, los gastos generales de la empresa y el beneficio industrial medio».

La Junta detalla en las cláusulas de la licitación que «será de exclusiva cuenta de la persona contratista la retribución del personal», que «se compromete a retribuir adecuadamente (observando específicamente lo establecido en el artículo 111 del convenio de aplicación) a todo el personal que preste el servicio, sin que pueda abonar a los profesionales un salario por debajo de la Tabla Salarial vigente y actualizada del XIV Convenio Colectivo de Centros y Servicios de atención a personas con discapacidad». Además, especifica que el personal «no tendrá derecho alguno frente a la Agencia Pública Andaluza de Educación, ya que dependerá única y exclusivamente del contratista». Es decir, que en caso de conflicto, la Junta se lava las manos.

«No ha habido voluntad política en el PSOE ni de enmienda»

Días antes del cambio de Gobierno andaluz, representantes del colectivo de monitoras de educación especial mantuvieron un encuentro con la ya ex consejera de Educación Sonia Gaya, quien lejos de admitir los errores trató de escurrir el bulto, escudándose en los muchos frentes abiertos con las externalizaciones. Las trabajadoras recriminaron que la Administración autonómica se negase a escuchar las «humillaciones» que estas empresas les hacen pasar. «Estamos hartas de ser trabajadoras no solo de segunda sino de tercera, queremos la categoría que se nos exige como Personal Técnico en Integración y la recuperacion de la jornada completa. No queremos entrar por ninguna puerta de atrás. Lo poco que tenemos nos lo hemos ganado con nuestro esfuerzo porque no ha habido voluntad politica ni de enmienda», explica a LA RAZÓN una portavoz. El cambio de Gobierno provoca que el colectivo tenga que empezar de nuevo a negociar.