Indignación

El Gobierno quiere «acabar» con las viviendas turísticas: «En un par de años será revocado por inconstitucional»

Desde el Colegio de Abogados de Málaga lamentan el «intervencionismo» del registro único de arrendamientos

La interminable regulación de las viviendas turísticas en Andalucía
La interminable regulación de las viviendas turísticas en AndalucíaEuropa Press

Este mes de julio –desde el día 1– ha traído consigo la obligatoriedad de que todo anunciante de una vivienda de alquiler de corta estancia, –vacacional, temporal o de habitaciones–, cuente con un Número de Registro del Alquiler que han de facilitar los registradores de la propiedad para que las autoridades lleven un control y supervisión sobre este tipo de arrendamientos. El Número de Registro de Alquiler es un código único alfanumérico que identifica y registra oficialmente los inmuebles destinados a alquiler de corta duración.

Con el fin de facilitar el proceso de registro y la identificación de las referidas viviendas, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha habilitado el Registro Único de Arrendamientos diseñado también para mejorar la supervisión por parte de las autoridades competentes, al tiempo que se ha creado una Ventanilla Única Digital de arrendamientos que ha de centralizar los trámites relacionados con el registro y consulta de datos, promoviendo una gestión más eficiente y ágil.

Málaga, es la provincia andaluza que cuenta con mayor concentración de solicitudes para registrar viviendas turísticas, con 27.936 del total de 49.397 presentadas hasta el 30 de junio en toda la región.

La responsable de la sección de Derecho Turístico del Colegio de Abogados de Málaga, Mar Alcázar, explica que el Gobierno «ha decidido anticipar esa normativa que emana de la Unión Europea implementando ese Registro Único de Arrendamientos» que supone «algunas trabas a la hora de realizar el trámite, porque algunas empresas explotadoras de esas viviendas van a tener que acudir al registro de la propiedad no estando legitimadas al no ser propietarios del inmueble que son quienes han de hacer el trámite».

En este sentido, abunda en que «aunque la empresa tenga esa licencia, ha de tener la autorización de propietarios que en algunos casos ni siquiera están en España, sino en sus países de origen, y ese número que se les ha dado puede verse revocado».

Es por ello por lo que cree «indispensable» contar con el asesoramiento de un letrado especializado en esta disciplina «que conoce al dedillo todo el Derecho que hay detrás en materia de contratos e hipotecario, pero no todos los gestores quieren asumir ese coste extraordinario».

Para Alcázar, las normas «son banderillas que actúan casi como una estocada que les hace estar heridas muerte» porque, a su juicio, «el Gobierno de la Nación está intentando acabar con ellas y utilizarlas como cabeza de turco, ante la ausencia de políticas eficaces en materia de vivienda».

Tras recordar que el Real Decreto 1312/2024 de 23 de diciembre por el que se regula el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos sido recurrido por varios gobiernos autonómicos considera que el Ejecutivo Central está «inmiscuyéndose en las competencias de las Comunidades Autónomas, ejerciendo una labor intervencionista al máximo».

«Está cargando al sector de las viviendas turísticas de un exceso de trámites innecesarios y trabas administrativas que suponen una clara vulneración de la Constitución», lamenta.

Es por ello por lo que expresa su deseo y convicción de que el citado decreto «en un par de años será revocado por inconstitucional».

Por último considera que se pretende desde el Gobierno de la Nación «obtener datos e información para establecer e implementar nuevas políticas de toda índole, y cabe preguntarse si era necesario, toda vez que cada comunidad autónoma ya tiene su registro turístico y regulado perfectamente al sector». En este sentido, subraya que lo que podía haber hecho el Ejecutivo «es haber implementado una pasarela de datos y haber intercomunicado los 17 registros autonómicos, era lo más fácil sin duda alguna».

Con datos hasta el pasado viernes, los municipios malagueños de Marbella, Mijas y Benalmádena, junto con las capitales de Málaga y Sevilla, se situaban entre los que más solicitudes han registrado en el nuevo sistema de inscripción de alquileres de corta duración en España. A nivel nacional, el número de solicitudes ha alcanzado las 255.172, tras sumar 40.000 nuevas desde la entrada en vigor del registro obligatorio el pasado 1 de julio. El 78,87% de las solicitudes son para alquileres turísticos (169.908) y el resto, el 21,13%, para el alquiler de temporada (45.529). De las solicitudes ya activas de manera definitiva, los alquileres de uso turístico representan el 76,78%