Interinos se suben al «escaño 110» por su estabilidad

Será la segunda vez que una Iniciativa Legislativa Popular llega al Pleno de la Cámara

El Pleno del Parlamento decidirá si acepta la iniciativa popular de aprobar una la ley para convocar un concurso de méritos extraordinario /Foto: Manuel Olmedo
El Pleno del Parlamento decidirá si acepta la iniciativa popular de aprobar una la ley para convocar un concurso de méritos extraordinario /Foto: Manuel Olmedo

Será la segunda vez que una Iniciativa Legislativa Popular llega al Pleno de la Cámara

El Pleno del Parlamento andaluz no lo abrirá este miércoles ningún diputado sino David Núñez, un interino que representa a 30.000 compañeros que se consideran «en fraude de ley» al acumular años de experiencia en la Junta tras haber aprobado una oposición pero no tener plaza. Núñez defenderá la segunda Iniciativa Legislativa Popular que llega al Pleno de la Cámara en uso del llamado «escaño 110», aprobado en 2012 para dar voz a los ciudadanos que logren que su propuesta sea admitida a trámite y reúnan más de 40.000 firmas. Esta iniciativa cuenta con 44.165 y pide una ley para convocar una oferta pública de empleo por concurso de méritos (sin oposición) para estabilizar a interinos que acumulan hasta 27 años en la Junta «desempeñando potestades administrativas». Cuando se inició la tramitación hace un año, según el colectivo había 18.618 interinos en el SAS, 9.603 en Educación, 388 en Justicia y 902 en la Administración general.

Núñez defiende que «es razonable, es jurídicamente sostenible y resuelve un fraude de ley sin destruir empleo público». Y rechaza cualquier comparación con la reordenación del sector público que hizo el PSOE en 2012 que soliviantó a los funcionarios al abrir la puerta a la administración a 25.000 contratados externos. «Nosotros aprobamos una oposición sin conseguir plaza, la capacidad quedó demostrada cuando superamos el examen, y en el caso de los de Educación cada dos años aprueban su oposición», señala.

La iniciativa tiene radicalmente en contra al sindicato de funcionarios de la Junta Safja mientras que CSIF o UGT, que apoyaron una similar en Canarias según Núñez, consideran que hay dudas legales de que se pueda equiparar la situación de los distintos colectivos de interinos. Así, el responsable del sector de Educación en CSIF, Francisco Hidalgo, recuerda que el fraude de ley se produciría al encadenar años en el mismo puesto, algo que suele ocurrir en la administración general pero no, por ejemplo, en Educación, donde además el sistema de acceso está regulado por un Real Decreto a nivel nacional.

En cuanto a los grupos parlamentarios, Núñez reconoce que «esa es la gran incógnita». Aunque han mantenido reuniones informes, hoy se reúnen formalmente con PSOE y Adelante Andalucía mientras esperan cerrar una cita con Cs y el resto antes del miércoles, cuando defenderán la iniciativa y los grupos tendrán que votar. El único precedente fue la reforma electoral que defendió en julio de 2014 el coordinador de UPyD Martín de la Herrán, desde el «escaño 110» al no tener su partido representación parlamentaria. Fue rechazada con los votos de PP y PSOE.

Lo cierto es que la propuesta llega después de que la UE tirara de las orejas a España por la elevada temporalidad en su administración y de la sentencia del Supremo del 26 de septiembre de 2018 que considera en fraude de ley la ocupación por interinos de puestos estructurales durante más de tres años. A raíz de esto, y ante las demandas particulares, varios juzgados contencioso-administrativo han planteado dos cuestiones perjudiciales al Tribunal de Justicia de la UE: si el interino debe ser indefinido a los tres años como el personal laboral y si las ofertas públicas de empleo por concurso oposición además de cumplir con la reducción de la temporalidad, respetan la otra directriz europea, la reparación del perjuicio al interino.

Núñez confía en que «el Parlamento andaluz se va a anticipar a la solución judicial» aceptando la convocatoria de un concurso de méritos extraordinario, una vía de acceso reconocida en el Estatuto Básico del Empleado Público pero que requiere aprobar una ley para convocarla.