IU hizo de Sevilla Global un coladero: dos de cada tres empleados, «a dedo»

Un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre la empresa Sevilla Global pone de manifiesto todo un rosario de irregularidades contables y de contratación. Entre estas irregularidades, detalla el ente fiscalizador que «no ha existido proceso de selección para el 67 por ciento del personal existente. Como consecuencia de ello, no se han respetado los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la empresa en dos de cada tres empleados». Abona este aspecto la tesis del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de que el ente se había convertido en una «oficina de colocación de afines» para el bipartito PSOE-IU.

El informe hace referencia a 2010. En la pasada legislatura, antes de la victoria del PP en el Ayuntamiento hispalense, IU tenía el control de la empresa. Fue una de las áreas de poder que cedió el PSOE a sus socios de gobierno. La influencia la ejercía IU a través del entonces teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, y del ex edil de Empleo Carlos Váquez. Los dos están imputados por coacción a empleados. El PP disolvió hace un año la empresa, aunque se ha encontrado con un importante obstáculo. El TSJA tumbó el ERE extintivo y le obliga a readmitir a 43 trabajadores.

Además del enchufismo en la contratación de personal –en 2010 la plantilla media era de 61 trabajadores–, el informe de la Cámara de Cuentas constata otras muchas irregularidades que podrían acabar en la Fiscalía. Todo depende de que el PP se anime a trasladarlas. Señala la Cámara que Sevilla Global «podría haber incurrido en tráfico prohibido y cesión ilegal de trabajadores, ya que al menos nueve empleados desarrollaron sus funciones de manera más o menos estable en dependencias ajenas a las sedes de la empresa. Las ubicaciones corresponden en todos los casos a delegaciones y organismos dependientes del Ayuntamiento de Sevilla». La propia empresa certificó incluso que no podía «indentificar o describir los puesto de trabajo que estas personas ocupaban, las funciones concretas que desempeñaban o bajo qué ámbito de dirección prestaban sus servicios». El coste de este personal «fantasma» fue en 2010, «cuanto menos» –puntualiza el informe– «de 383.000 euros».

Asimismo, la empresa «no llevaba a cabo controles de asistencia, presencia o cumplimiento de la jornada laboral». Por otra parte, «las contrataciones temporales se transformaban de manera generalizada en indefinidas, sin respetarse los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad». La promoción de empleados también se produjo «sin respetar el procedimiento conveniado».

Las demandas de trabajadores por despidos que los tribunales declararon nulos supusieron un importante desembolso a este ente bajo la órbita de IU. La Cámara estima en 891.000 euros «el perjuicio económico ocasionado entre 2009 y 2011 como consecuencia de las conductas contrarias a los principios de buena gestión».

Llama la atención el «pago de servicios recurrentes a dos empresas sin existencia de contrato», por valor de 177.000 euros. Sevilla Global tampoco había rendido al máximo órgano fiscalizador de extracción parlamentaria «sus cuentas anuales relativas a los ejercicios económicos cerrados desde su constitución», en el año 2000, como sociedad anónima municipal.