La balanza fiscal de los cooperantes catalanes

En agosto de 2010 aterrizaban sanos y salvos en el aeropuerto barcelonés del Prat los cooperantes españoles Albert Vilalta y Roque Pascual, secuestrados durante largos meses en Mali. Para conseguir su liberación, tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores español como los servicios de inteligencia tuvieron que emplearse a fondo.

Para la Generalidad de Cataluña, sin embargo, todas las gestiones del Estado español se hicieron a coste cero. En otros términos, en sus estudios anuales titulados «Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central» no se valoran monetariamente los servicios que la Administración General del Estado presta a residentes en Cataluña desde fuera de ese territorio; por ejemplo, si se hacen desde la sede del Ministerio en Madrid o desde la embajada española en París.

De valorarse territorializadamente estos servicios públicos, los resultados de las balanzas fiscales que tanto agitan los secesionistas catalanes serían muy diferentes.

Naturalmente, esto ocurre porque, para abordar un estudio como el de la comparación entre lo que se recauda en Cataluña vía impuestos y lo que los ciudadanos catalanes reciben en forma de servicios públicos, hay que hacer una serie de supuestos y la «inteligentsia» separatista sabe bien cuáles elegir.

Particularmente querido es el «método del flujo monetario». Este método se sostiene en la idea de que el gasto público debe imputarse en aquel territorio donde mayor impacto económico genera. Esto significa que el gasto público que absorbe la embajada española en París, que pudo ser clave en la liberación de los cooperantes catalanes, debería imputarse a Francia, pues es allí donde los diplomáticos españoles realizan mayoritariamente sus compras cotidianas, escolarizan a sus hijos o la embajada contrata los suministros de agua, luz, mantenimiento y canapés de las recepciones.

La alternativa a este manoseado criterio del flujo monetario es el «flujo del beneficio» que razonaría en los siguientes términos; si el servicio diplomático español está a disposición de todos los españoles, su beneficio se debería imputar según la distribución de la población en todo el territorio nacional.

Pues con todo y con ello, el «flujo monetario» aplicado sin mayor cosmética arroja a los expertos en finanzas públicas al servicio de los intereses separatistas un saldo a su favor de 792 millones de euros para 2009; una cantidad muy diferente de los 16.409 millones aireados en los medios de comunicación. Lo explicaban con meridiana claridad hace unos días Josep Borrell y Joan Llorach en un muy recomendable artículo.

Estos mismos analistas señalaban que además de no computarse como servicios prestados a los ciudadanos catalanes los del Ministerio de Asuntos Exteriores, hasta llegar a la cifra de 16.409 que «España robaba a Cataluña» se utilizaba el criterio del «flujo monetario neutralizado». Un nombre que ya de por sí no suena nada bien. Pero veamos en qué consiste.

Resulta que los responsables de este cálculo de balanzas fiscales imputan como ingresos a recibir por Cataluña la parte del endeudamiento del Estado que no tendrían que asumir de ser un Estado independiente. Esta cantidad la estiman a partir de su contribución en los ingresos de Estado que estarían próximos al 20%. Por tanto, se trataría de un dinero virtual del que no dispondría la caja de un hipotético Estado catalán salvo que se endeudase. Esto –el endeudamiento de un estado catalán soberano– es algo que sólo puede sostenerse desde el desconocimiento de cómo funcionan los mercados de capital internacionales; verdaderos gobiernos del mundo.

El argumento tramposo del nacionalismo catalán en palabras del economista Ángel de la Fuente es que «los impuestos vuelvan a quien los paga en forma de un volumen equivalente de servicios, sin dejar espacio alguno para la redistribución». Tras de esta afirmación del economista español que más cara ha plantado a la falacia del cálculo nacionalista, hay que buscar un argumento muy importante agitado por los ideólogos del «España nos roba».

El argumento es que la solidaridad «tendría un pase» si los contribuyentes y receptores netos no fuesen siempre los mismos. En otras palabras, que las transferencias de solidaridad no fuesen siempre de los mismos pagadores a los mismo receptores. Este argumento no exento de razón se sostenía muy bien en el mal uso del dinero por parte de las regiones beneficiarias. Los tribunales andaluces que ventilan los casos de corrupción son un buen bastidor para este argumento o al menos lo eran hasta que la corrupción también ha acabado ocupando buena parte de la agenda judicial catalana.

Quienes creen que la cuestión catalana se resuelve con un nuevo modelo de financiación se equivocan. No es un nuevo marco legal de financiación el que resolverá esta situación. En este punto, mi opinión coincide mucho con la del historiador Fernando García de Cortázar, así que dejemos que sea él quien cierre esta tribuna: «En los vanos esfuerzos por atender los requerimientos de quienes nunca han creído en España, hemos llegado a deponer nuestras emociones y a pensar que al nacionalismo separatista se le podía regalar el monopolio de la pasión por vivir en comunidad, el sentimiento de pertenencia, la fe en un destino colectivo, la confianza en una tradición de siglos. Asustados por los fantasmas retóricos de nuestro pasado, hemos creído que a los españoles debía bastarnos con levantar un muro de argumentos constitucionales, una masa de preceptos, un túmulo de normativas».

* Profesor Titular de EconomíaAplicada de la Universidad de Sevilla