Sevilla

La Cámara de Cuentas alerta del «deterioro» de las finanzas de la Junta

El endeudamiento se sitúa en 19.700 millones, un 12,8% del PIB andaluz

La Cámara de Cuentas alerta del «deterioro» de las finanzas de la Junta
La Cámara de Cuentas alerta del «deterioro» de las finanzas de la Juntalarazon

La deuda pública de la Junta se situó en 19.700 millones al término de 2012, según los datos expuestos por el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, en base a datos provisionales de la Administración andaluza. El porcentaje de endeudamiento sobre el Producto Interior Bruto (PIB) pasa del 9,56% de 2011 al 12,8% en el último trimestre del pasado ejercicio.

La deuda viva de la Junta o endeudamiento público registrado a 31 de diciembre de 2011 asciendió a 13.898,8 millones de euros, un 16,87% más que en 2010. Esta cifra equivale al 9,56% del PIB de Andalucía y al 54,63% de los derechos reconocidos por ingresos corrientes. El órgano fiscalizador constata el incumplimiento del objetivo de déficit del programa de estabilidad presupuestaria y cerró el año en 4.957 millones, el 3,41 % del PIB, frente al 1,3 % fijado.

El presidente de la Cámara de Cuentas expresó «cierta preocupación» por «cierto deterioro» de las finanzas de la Junta a causa de la reducción de ingresos, la menor recaudación y el aumento del endeudamiento público, recogió Europa Press. López aludió a la necesidad de «prestar cierta atención sobre la evolución de los ingresos y sobre la evolución del endeudamiento, que no puede crecer de forma tan sostenida como está haciendo en los últimos años, pues hay que procurar la sostenibilidad de las finanzas públicas». La deuda viva de la Junta, sus organismos autónomos y agencias se eleva a 13.898,8 millones. El 92,1% de esta deuda es a largo plazo y el 7,9% restante a corto plazo. Las obligaciones no imputadas a presupuesto y pendientes de pago se sitúan en 3.034,91 millones de euros. De ellos, 522,93 millones corresponden a la Junta y 2.511 millones a las diferentes agencias administrativas. Se produce un incremento de 356 millones respecto a 2010 en el caso del Servicio Andaluz de Salud. La partida que más aumenta corresponde a los productos farmacéuticos.

Las previsiones iniciales de ingresos y créditos iniciales para gastos fue de 31.469,87 millones de euros en 2011, un 6,21% menos que en 2010. Las previsiones definitivas de ingresos y créditos definitivos para gastos se fijó en 32.586 millones.

La recaudación neta descendió un 14,42% en comparación con 2010, llegando a los 24.988 millones. Los pagos realizados ascendieron a 26.654 millones, un 0,2% más que en 2010. Las operaciones de capital registraron un resultado negativo de 2.132,8 millones; un dato «menos negativo» que en el ejercicio anterior. El saldo no financiero en 2011 fue de -3.160,1 millones. Los derechos reconocidos por ingresos corrientes llegaron a 23.978,45 millones, un 4,7% menos que en 2010.

Las obligaciones reconocidas netas por gastos corrientes se elevaron a 24.926,4 millones, un 0,66% más. Estos registros dejan un desahorro bruto de -948 millones de euros. «Los ingresos corrientes no han sido suficientes para dar cobertura al gasto corriente», indicó López. El remanente de tesorería consolidado se sitúa en -606 millones, con un descenso de 1.914 millones, lo que muestra «cierto deterioro de la situación financiera a corto plazo de las finanzas de la Junta». Las obligaciones pendientes de pago se sitúan en 5.794 millones y los derechos pendientes de cobro en 5.234 millones.

«¿Por qué se despojó de su función a los abogados?»

El portavoz de Función Pública del PP-A, Rafael Ruiz Canto, exigió ayer «explicaciones» al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, sobre «por qué despojó» durante diez años a los servicios jurídicos de la Junta de sus funciones a favor del bufete privado Garrigues, que facturó servicios a la Administración autonómica al menos por 1,5 millones entre 2001 y 2011, según la relación de contratos que figura en el sumario de la causa del «caso ERE». Ruiz Canto explicó que, «si hasta la juez» pide esta información es porque el Gobierno andaluz «no es claro ni transparente».