La Cámara de Cuentas ya alertó de «incidencias» en la contrata del Infoca

A veces las administraciones sólo ajustan el dial para encontrar la sintonía con las normas a golpe de sentencia. El «caso Infoca» que coordina el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla ha puesto ahora la lupa en la contratación de medios aéreos para ese dispositivo de prevención y extinción de incendios, pero la Cámara de Cuentas de Andalucía ya se refirió a aquélla en 2014.

A veces las administraciones sólo ajustan el dial para encontrar la sintonía con las normas a golpe de sentencia. El «caso Infoca» que coordina el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla ha puesto ahora la lupa en la contratación de medios aéreos para ese dispositivo de prevención y extinción de incendios, pero la Cámara de Cuentas de Andalucía ya se refirió a aquélla en 2014. En uno de sus informes referido en este caso a la Fiscalización de la contratación pública de la Administración de la Junta y sus entidades vinculadas centrado en el ejercicio 2013, este órgano ya advirtió de la necesidad de que «los criterios de adjudicación» de contratos se definieran de forma que establecieran «la obligatoriedad de que las empresas ofertantes» cumplieran «de forma preceptiva» unos requerimientos técnicos mínimos incorporados al pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y al de prescripciones técnicas (PPT) «necesarios» para un «adecuado cumplimiento del objeto» del servicio a cubrir. Esto se lograría, según aportó la Cámara de Cuentas, «mediante el establecimiento en el PCAP de un umbral mínimo de puntuación de calidad técnica» por debajo del cual las ofertas quedaran excluidas de la valoración económica, lo que imposibilitaría que avanzaran en el proceso selectivo aquellas licitadoras que «se situaran por debajo del mismo». Desde esa perspectiva, el ente fiscalizador defendió que en el «contrato de fletamento de medios aéreos para la lucha contra incendios forestales en la campaña de Infoca (23.422,22 millones de euros)» perteneciente a la entonces Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, hubiese sido «aconsejado» ese umbral. «Máxime –se asevera en el informe consultado por LA RAZÓN– teniendo en cuenta la escasa o nula valoración que obtienen algunas empresas en el cumplimiento de los criterios sometidos a juicio de valor (características de los seguros, aplicación de nuevas tecnologías, mejoras...) e incluso en algunos de los criterios automáticos (días de posicionamiento, aeronaves y horas extras de vuelo)».

Elevada puntuación

Los fiscalizadores observaron, asimismo, que en ocasiones, la fórmula empleada por la Junta para valorar «el criterio precio» otorgaba una elevada puntuación a la oferta más económica y penalizaba «con cero puntos a la que coincidía con el presupuesto de licitación o la oferta más cara». «Dada la importancia relativa otorgada en algunos expedientes a la calidad económica (que llega a alcanzar el 80%), la atribución de cero puntos en concepto de dicho criterio supone –se matiza en el documento– que, aun suponiendo que se le concediese la máxima puntuación por la calidad técnica, el licitador nunca podría lograr la adjudicación del contrato». Una «incidencia» en la que también incurría la contrata del Infoca y que los fiscalizadores instaban a corregir para «incrementar el grado de objetividad en las adjudicaciones», entre otras cuestiones.

Al margen de ese informe, el miembro de Ecologistas en Acción, Armando Cáceres, adelantó ayer a este periódico que su organización dejará constancia por escrito en el juzgado de su petición de que dimitan al menos tres altos cargos de la Junta: el director del Centro Operativo Regional (COR) Prevención y Extinción de Incendios Forestales, Juan Ernesto Esteso, al director general de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, Javier Madrid, y la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, Belén Gualda; aunque, el primero ya podría haber dejado su cargo, según la información que manejan. Y no será lo único que trasladen al órgano judicial como parte personada en la causa. Exigirán además «el reintegro» de dos sumatorios, de 3.328.038,11 euros y 1.131.244,72 cada uno, concedidos por el Gobierno regional a una de las adjudicatarias, Faasa, en el marco de dos proyectos, ya que, según informó al juzgado la propia Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA), la compañía «no habría venido a cumplir el ‘efecto incentivador’» obligatorio al «haber iniciado sus inversiones con anterioridad a la fecha de presentación de las solicitudes» de los fondos públicos, como adelantó este diario. Una cuestión que habría de terminar, «al menos en línea de principio», con el «reintegro de la totalidad de la ayuda», en opinión de los peritos de la IGJA y que sirve ahora para soportar la demanda de los ecologistas de que «se devuelvan» los 4,4 millones.