La consejera obvia el estudio del catalán porque se «comprende»

IU reclama que se incorporen al currículum las lenguas cooficiales

La cifra de andaluces residentes en otras comunidades autónomas se eleva a 1,5 millones, según los últimos datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. De ellos, más de 850.000 viven entre Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana; en el País Vasco, 35.000; y en Galicia, 12.000. Todas cuentan con lengua cooficial, que en muchos casos –por ejemplo en el acceso al empleo público– supone un hándicap añadido al dar el paso de abandonar la tierra natal y competir en igualdad de oportunidades. La Junta de Andalucía, que presume de un plan de lenguas que incluye once idiomas, no considera oportuno incluir el catalán, el gallego, el euskera o el valenciano en el mismo porque se entienden. En palabras de la propia consejera de Educación, Adelaida de la Calle:«Tenemos gran facilidad para la comprensión de las mismas».

«En Andalucía aprendemos chino pero no tenemos idea de gallego o catalán. Es una carencia que se debe cubrir», se lamentó ayer, Antonio Maíllo, líder de IU en la Comisión de Educación que sirvió para que el Ejecutivo andaluz destacara su «valentía» por la convocatoria de 2.500 plazas de oposiciones docentes, pese al temor fundado de los propios opositores andaluces al «efecto llamada» en otras comunidades.

Bilingüismo incumplido

La Junta aprovechó la presentación de un nuevo plan de bilingüismo, que según el partido socialista supondrá un ahorro de entre 3.000 y 4.000 euros en las familias cuyos hijos consigan el nivel B1, para destacar su «gran apuesta» y reiterar que el dominio de una lengua extranjera es una necesidad indiscutible, «y una prioridad», y se marca como objetivo que un total de 1.500 centros sean bilingües en 2020. Es decir, que el 75% de la población andaluza menor de 15 años estudie dos idiomas. Además, se adelantará la segunda lengua extranjera al segundo ciclo de Infantil durante al menos dos módulos semanales. Esto conllevará revisar el modelo de dotación de docentes y se aumentará el número de auxiliares de conversación –al menos uno por centro, hasta 1.650–. La Junta, que dice que creará un «Consejo Asesor de Política Lingüistica» que ya debía funcionar desde 2005, defiende que con este plan se refuerza la igualdad de oportunidades, frente a una oposición que recriminó a la consejera la falta de transparencia en los procesos de evaluación de los planes anteriores. Planes que se remontan a 2005, con Manuel Chaves de presidente, y que presagiaban que en 2012 hubiera 1.200 centros públicos bilingües. Hoy, cinco años después, sólo lo son 1.082 (1.337 sumando los colegios concertados).

Antonio Maíllo, coordinador de IU, apostó por «universalizar» la formación para acabar con la «brecha académica» dentro de un mismo modelo educativo. «Existe riesgo de segregación», añadió, al tiempo que pidió recuperar el proceso de inmersión lingüística del profesorado. En la misma línea se expresó Marifrán Carazo, del PP, quien insistió en la «discriminación» que se implanta en la comunidad once años después, la falta de evaluación rigurosa de un programa considerado como simples «fuegos artificiales», cuando se deja fuera al 60% de los centros.