La corrupción que engordó el paro

Sin inmutarse, tranquilo, aparentemente convencido, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, aseguró ayer en comisión parlamentaria que los casos de corrupción –que han supuesto un ingente menoscabo de fondos públicos– no han tenido ninguna «incidencia» en la tasa de paro del 36 por ciento que ostenta en estos momentos Andalucía. ¿No ha influido que la Consejería de Empleo tramitara irregularmente mil millones de euros entre 2001 y 2010 y que parte de este dinero fuera a parar a falsos prejubilados, compra de cochinos, cocaína, fiestas o granjas de aves que nunca tuvieron aves ni gallinazo? ¿El futuro de los trabajadores de Delphi que se quedaron en la calle, no hubiera sido otro si un empresario gallego no se hubiera quedado con 20 millones de euros de subvenciones destinadas al nuevo anillo empresarial de la Bahía de Cádiz? No se puede negar la evidencia. Claro que en la tasa de paro –casi un millón y medio de personas no tiene trabajo en la comunidad– ha influido el torrente de casos de corrupción que azota Andalucía y especialmente los que afectan a la Consejería de Empleo. Caso ERE, fraude en la contratación de discapacitados, Bahía Competitiva, Invercaria, irregularidades en más de 400 millones para el fomento del empleo en el año 2009, fraude en fondos europeos... «La pena es que hemos perdido la gran oportunidad de nuestra vida», deslizó ayer en el Parlamento la diputada del PP-A Teresa Ruiz Sillero. Y es acertada la apreciación. Ahora se echa en falta más dinero para políticas activas de empleo, cuando en tiempos de bonanza, la Consejería encargada era una sentina, rodeada por la corrupción.