La división del juzgado de Alaya por la carga de trabajo provocó el error de airear las escuchas telefónicas

El supuesto «desliz», atribuido a la juez, fue cometido por un funcionario que no estaba al día de las macrocausas que se instruyen

La titular de Instrucción número 6 de Sevilla, a la entrada de los juzgados
La titular de Instrucción número 6 de Sevilla, a la entrada de los juzgados

sevilla- A primera hora del lunes 16 de diciembre, la Guardia Civil desplegaba de forma repentina la segunda fase de la «Operación Madeja», por la que hay nueve personas imputadas –entre ellos un alto cargo del PP y dos empleados del Ayuntamiento de Sevilla, además de un ex asesor socialista y el dueño y el administrador de Fitonovo, la sociedad señalada por realizar supuestos sobornos para conseguir contratos públicos desde el año 2004–.

El motivo del adelanto de los registros y las detenciones era que el día anterior se había hecho público un auto dictado por la juez Mercedes Alaya en el que se desgranaban las acciones que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba desarrollando. Lo fundamental eran los pinchazos de diez líneas de teléfono de personal de Fitonovo y de la Delegación de Parques y Jardines hispalense. De esta forma, en vez de prorrogar el secreto se dejaban al descubierto las interioridades de la investigación.

El trasfondo de ese considerable error se encontraría en la «división en dos» del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Por un lado, las macrocausas –los casos ERE, Mercasevilla, Lopera o la citada «Operación Madeja»– y por el otro el día a día, del que se encarga el juez de refuerzo. El origen del fallo estaría en que uno de los funcionarios que habitualmente no desarrollan su labor en la parcela de Alaya, fue el encargado de cursar el nuevo auto por el que se prorrogaba por quinta vez el secreto de sumario sobre los supuestos sobornos a trabajadores públicos y políticos para obtener jugosos contratos. Ese desconocimiento provocó que se incluyera como parte de la información notificada a las partes los pinchazos telefónicos ordenados por la juez. El resto, es historia.

Algunos abogados de implicados han querido ver en el supuesto desliz de Alaya un halo de intencionalidad. Algo que fuentes cercanas al juzgado de Instrucción número 6 rechazan frontalmente y confirman que se trató de un error humano achacable en todo caso a la persona que cumplió con el trámite de notificar el auto.

En el escrito en cuestión, con fecha 13 de diciembre, la juez señalaba que el pasado 21 de octubre se había acordado la intervención de ocho líneas utilizadas por directivos y empleados de Fitonovo y por funcionarios del Consistorio hispalense. Unas escuchas que se ampliaron en dos líneas más el 5 de noviembre. Incluso, en el texto la instructora detallaba que gracias a ello «se han obtenido datos importantes» para la investigación , «habiéndose procedido a la entrega en el juzgado de dvds conteniendo las conversaciones interceptadas, así como la transcripción de las que resulten relevantes para el esclarecimiento de los hechos».

«Teniendo en cuenta lo anterior –proseguía el escrito– y sobre todo las intervenciones telefónicas decretadas, así como las diligencias nuevas que previsiblemente se ordenarán, es procedente prorrogar» el secreto de las actuaciones, «pues lo contrario podría provocar la destrucción de indicios o fuentes de prueba por parte interesada, anulando la eficacia de la acción policial y judicial». Precisamente, lo que pudo facilitar con el flagrante error cometido al poner esa información confidencial potencialmente en conocimiento de todos los investigados.

El auditor de Mercasevilla en 2008, citado hoy como imputado

La juez Mercedes Alaya ha citado como imputado hoy a un socio de la auditora «Price Waterhouse Coopers S.L.», mientras que el viernes le tocará al ex presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado de Mercasevilla y a su hija, dentro de la investigación por las presuntas irregularidades contables. En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada cita a José Ignacio Alonso Rivero, «socio y firmante de la auditoría de cuentas anuales de Mercasevilla relativas al ejercicio 2008».

El motivo es que dicho ejercicio se saldó con pérdidas por 1,54 millones, pero la directiva repartió 258.000 euros en dividendos, algo que no habría detectado «Price Waterhouse». Respecto a la hija del otro imputado, Carmen Vela Maldonado, la juez detalla que habría sido «receptora de una beca de 24.000 euros de la Fundación Socioasistencial Mercasevilla –para estudiar diseño gráfico en Londres– por razones de mera liberalidad».