La «escasa» ejecución de fondos europeos pone en peligro 753 millones para obras

La Junta deberá reprogramar infraestructuras previstas para evitar que venzan los plazos

La «escasa» ejecución de los fondos europeos durante la anterior etapa socialista viene siendo una crítica habitual del Gobierno de coalición PP-Cs, una práctica que se extendía a demasiadas áreas. También a las infraestructuras, donde cualquier partida económica es vital para propiciar la puesta en marcha de proyectos. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, cifró ayer en un 23 por ciento el nivel de ejecución del montante procedente de la UE en este área, lo que implica la existencia de 735 millones de euros que «peligran en mayor o menor medida». Por ello, la Junta va a proponer a las instituciones comunitarias una reprogramación de las actuaciones, a fin de elevar el actual nivel de ejecución y certificación de las obras.

Tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Carazo compareció para informar de que a su departamento se asignaron 835 millones de fondos Feder para el periodo comprendido entre 2014 y 2020, llegando tan sólo a un 23 por ciento el nivel de ejecución y a un 12 por ciento las certificaciones y cobros, concretamente 100 millones.

Dejar las ayudas europeas en un cajón también tiene su repercusión en el empleo. Según las estimaciones del Gobierno andaluz, esto supone poner en riesgo casi 7.000 puestos de trabajo, así como una caída de fondos que equivale al 0,23 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad autónoma. En el conjunto de la Administración autonómica, para el periodo 2014-2020 se programaron un total de 8.015 millones de fondos Feder, de los que sólo se certificaron ante la Comisión Europea el 19,78 por ciento, explicó el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo. En este sentido, denunció que desde la década de los 90 los gobiernos socialistas han «malgastado» miles de millones, ya que Andalucía ha recibido más de cien mil millones de fondos europeos y la región sigue «en el vagón de cola» de las comunidades.

En el área de Fomento, Carazo señaló que los 735 millones suponen una «prioridad» para el Ejecutivo, para no tener que devolverlos a Europa, por lo que apostó por cambiar la gestión de esos recursos hasta 2023, ya que hay tres años de margen para la finalización y puesta en funcionamiento de las obras.

Entre las novedades en la gestión de estos fondos, la consejera detalló que no se volverán a incluir actuaciones sin que se haya suscrito previamente el pertinente convenio con los ayuntamientos y que no se seguirá aplicando este tipo de cofinanciación a proyectos que no sean competencia de la Junta, como es el caso de los carriles bici urbanos. Además, la Consejería se marca el objetivo de acabar con los «desfases» en las verificaciones y evitar que estos programas estén «condicionados» a la financiación de otras administraciones, ya que «complica la ejecución». Respecto a la ley de contratos, admitió que ha podido producir retrasos en las licitaciones pero señaló que se deben planificar «a tiempo» para evitar los problemas.

El Gobierno andaluz solicitará una reprogramación de 31 millones, cuya mayor parte supondrá un aumento de la partida para conservación de carreteras.