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sevilla- La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer una fianza de responsabilidad civil de 4.089.000 euros para José Miguel Caballero, letrado del bufete Garrigues, quien negó ante la juez instructora de los ERE haber conocido la inclusión de «intrusos» en el expediente de la empresa Acyco.

Fuentes del caso informaron a Efe de que Anticorrupción pidió que el bufete de abogados sea declarado responsable subsidiario de dicha cantidad, que responde, según la Fiscalía, a los 2,8 millones de euros a que ascendió el ERE de la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), a lo que añadió los 109.620 euros que Garrigues cobró por sus honorarios con cargo a una subvención sociolaboral de la Junta de Andalucía, entre otros pagos. La Administración regional, personada como acusación, requirió una fianza civil de 600.000 euros, equivalente solo a lo que percibieron los tres «intrusos» del ERE de Acyco: su presidenta, Encarnación Poto Monge; Andrés Carrasco, que era amigo del ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero y nunca había trabajado en la empresa; y Domingo Martínez Castillo, ex alcalde del PSOE en San Nicolás del Puerto (Huelva). Las fuentes informaron de que el abogado negó a la juez Mercedes Alaya haber conocido la inclusión de «intrusos» en dicho ERE, ya que su bufete acabó su trabajo con la resolución administrativa que lo autorizó.

Cuando el director de Recursos Humanos de Acyco le comunicó que en el listado de beneficiarios habían aparecido personas que nunca trabajaron en la empresa, él se lo comunicó al responsable de Vitalia y éste le respondió que había sido un error administrativo. También dijo desconocer que las mediadoras en los ERE cobrasen sobrecomisiones por encima de la media de mercado, como sostiene la juez, quien imputó al abogado presuntos delitos de malversación y prevaricación. Caballero aseguró que la Junta «no era un cliente significativo» de su bufete «ni por el volumen de asuntos ni por facturación».

La juez imputó dos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a un segundo abogado de Garrigues, Juan A. López, para el que la Fiscalía Anticorrupción no pidió medida cautelar, recogió Europa Press.

Por otro lado, la juez ha embargado inmuebles, garajes y vehículos al letrado Carlos Leal, de Estudios Jurídicos Villasís, para pagar una fianza civil de 34,8 millones.