La jueza Alaya embarga tres fincas a un intruso y confirma fianzas a otros tres

La jueza Mercedes Alaya ha ordenado embargar tres fincas al «intruso» Alejandro Millán Torres para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 432.993,69 euros que le fue impuesta, mientras que también ha confirmado las fianzas ascendentes a un total de 267.395,44 euros impuestas a Juan Manuel López Espada, José Luis Llorente Herrero y José Acevedo López.

Alejandro Millán Torres, oriundo de El Pedroso y prejubilado en un ERE promovido en 2007 por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) SA, percibió en concepto de ayuda un total de 333.072,07 euros, todo ello al mismo tiempo que era perceptor de una pensión por incapacidad permanente total y se dio de alta como autónomo.

En un decreto dictado el 13 de marzo y notificado ahora, la secretaria de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla pone de manifiesto que «siendo insuficientes los bienes embargados», procede el embargo del 25 por ciento que le corresponde al imputado de dos fincas ubicadas en El Pedroso y sobre una tercera localizada en Sevilla capital.

Asimismo, la jueza ha dictado un auto en el que confirma la fianza de 158.148,44 euros impuesta a José Acevedo por su inclusión en el ERE de Intersur y de 58.347 euros fijada para Juan Manuel López Espada, vecino de Camas incluido en el ERE de Surcolor. En este auto dictado el 11 de marzo, la instructora asevera que «es plenamente rechazable el error invencible alegado» por los imputados como causa de exención de la responsabilidad, «pues es altamente probable que supieran que no podían ser merecedores de prestación pública de forma lícita». Además, la magistrada «ha valorado la posibilidad que los recurrentes tuvieron, hasta recibir las prestaciones, de acudir a medios o personas que les permitieran conocer la trascendencia jurídica de su actuación». Asimismo, las fianzas impuestas «cumplen el principio de proporcionalidad», ya que se trata de una medida «justa, adecuada y necesaria».

Por último, Alaya dictó un auto el 5 de marzo en el que ratifica la fianza civil de 50.900 euros impuesta a José Luis Llorente Herrero, incluido como «intruso» en la empresa «Aglomerados Morell» a pesar de que nunca había trabajado en la misma y que recurrió alegando que «desconocía que se le estaba concediendo una ayuda pública».