La jueza releva a la Intervención estatal en favor de la regional en formación

«Relevados» de su auxilio judicial. Así han quedado los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en la «macrocausa» sobre los cursos de formación subvencionados por el Gobierno autonómico que diseña el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Su titular, María Núñez Bolaños, ha encomendado esa tarea a la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA), según marca el contenido de una providencia fechada el 26 de abril y consultada por LA RAZÓN.

La labor encargada ahora a la IGJA pasa, entre otras cuestiones, por cuantificar de forma individualizada por expedientes las «cantidades defraudadas» mediante «la simulación de facturación de los profesores y formadores a través de la mercantil Serpro Sl» y los importes «fraudulentamente facturados» por las «empresas del grupo» del ex consejero de Hacienda de la Junta investigado en la causa, Ángel Ojeda, que «hayan sido objeto de justificación» en cada ayuda.

A la decisión de la instructora antecede el hecho de que el jefe de los peritos de la IGAE, Ángel Turrión, trasladara en un escrito al juzgado la carga de trabajo que aún tienen ligada al «macroproceso» de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares, que dirige el mismo órgano judicial, después de que Núñez les pidiera en febrero un informe sobre los cursos. Sólo en el ámbito de los ERE, los técnicos de la Intervención estatal han emitido ya 190 análisis individuales sobre beneficiarios de subvenciones de los «aproximadamente 270 existentes» en el documento denominado «desplegable de ayudas sociolaborales» confeccionado en su día por el IFA-luego agencia IDEA, que actuaron como caja pagadora de los fondos públicos. A los que se suman, recuerdan en su escrito, distintos trabajos de índole general llevados a cabo también «por encargo» del juzgado.

En cartera tienen aún pendiente la «finalización» de un estudio sobre si las conclusiones reflejadas en nueve informes de fiscalización con el sello de la Cámara de Cuentas en los que se analizó la legalidad en el uso de las polémicas transferencias de financiación por otras entidades públicas andaluzas, modifican o no, «las conclusiones obtenidas en la materia» por ese equipo pericial. Y no es lo único por acabar. Tejen todavía otro documento que se les solicitó por el dictamen de parte que aportó al proceso la defensa de la ex consejera de Economía y ex ministra socialista investigada, Magdalena Álvarez, que contradice los informes oficiales; más otros cuatro dossieres vinculados a otras tantas empresas agraciadas con subvenciones del Ejecutivo regional. Elaboran además 80 documentos individuales sobre ayudas de las que «sólo se disponía» de los datos relativos a los pagos efectuados por el IFA-IDEA y que, en la mayoría de los casos, han tenido que ser completados por información aportada por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta. Con ellos se alcanzarían los mencionados 270 reclamados.

Hecho el movimiento, la magistrada requiere a la Intervención regional para que designe peritos en un «número suficiente» para poder materializar lo demandado en la investigación del presunto fraude en acciones formativas.