La Junta aborda al fin un cambio en las «normas del juego» de la concertación social

El Gobierno de Susana Díaz se ha decidido de una vez a otorgar «respaldo legal» a la concertación social tal y como recoge el Estatuto de Autonomía para Andalucía. La Consejería de Economía y Conocimiento ha abierto hasta el 7 de junio el plazo de participación pública en el Anteproyecto de Ley de Participación y Colaboración Institucional de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la comunidad. La presidenta ha venido prometiendo la apertura del debate a nuevos interlocutores, pero a la hora de la verdad en los grandes pactos aparecían los actores de casi siempre, CC OO, UGT y la CEA. El último acuerdo de concertación social caducó hace cinco años.

La norma pretende atender «a la nueva dimensión del diálogo y la concertación social, plasmada en el Estatuto de Autonomía en su artículo 26.2, con objeto de otorgar al sistema de participación institucional existente un respaldo legal que favorezca su fortalecimiento y consolidación, a la vez que potencia los cometidos y los medios de los interlocutores sociales para que puedan cumplir de forma efectiva son sus funciones». Todo ello para realzar la importancia del «desarrollo de los intereses sociales y económicos de la comunidad, como rasgo distintivo de las sociedades democráticas avanzadas».

Uno de los problemas que se pretende solucionar con esta ley es el avance «en la promoción de unas reglas del juego objetivas, transparentes, eficaces, equitativas, así como los cometidos esenciales de la participación, la forma de organización, su funcionamiento, financiación y fomento del diálogo y participación institucional».

CSIF, uno de los sindicatos que pretende tener más protagonismo, exigía no hace mucho la urgente reactivación de la concertación cocial para hacerla más eficaz y eficiente y la apuesta por nuevos sectores que impulsen la creación de empleo estable y de calidad, incentivando a las empresas para la creación de nuevos puestos de trabajo y realizando una reforma fiscal eficaz para incentivar el consumo en los hogares.

La mayoría de comunidades cuentan con leyes de participación institucional. Ya es sabido que CC OO y UGT presentarán un borrador con sus aportaciones. El vicepresidente, Jiménez Barrios, ya detalló el pasado mes de marzo que el Plan Anual Normativo para 2018 incluía la necesidad de esta ley con la que «fomentar el diálogo, como factor ineludible de la cohesión social y el progreso económico». En su opinión, esta norma «permitirá hacer efectiva la participación de la sociedad en el proceso de toma de decisiones de naturaleza socioeconómica, a la vez que avanzar en el camino de la buena gobernanza económica».

La cuestión es que el desarrollo normativo requiere un proceso largo y la tramitación de esta Ley tardará aún bastante en ser una realidad. La exposición a consulta pública previa es un primer paso dentro de un largo camino por recorrer, aunque el Estatuto data de 1981.