El dueño de la finca y el pocero de Totalán se enfrentan a una multa de hasta un millón

La Junta abre expediente a ambos por una infracción muy grave al abrir el pozo en el que cayó Julen sin los permisos correspondientes y con riesgo muy grave para las personas que desembocó en la muerte del niño

La Junta de Andalucía ha abierto un expediente sancionador al dueño de la finca de Totalán (Málaga) y a la empresa que perforó el pozo en el que cayó el pequeño Julen, que murió como consecuencia de ello, por una infracción muy grave de la Ley de Minas, castigada con entre 300.000 euros y un millón.

Según confirmó la Consejería de Hacienda, la Secretaría General de Industria y Minas ha abierto este expediente sancionador a ambos por realizar actividades reguladas en la Ley de Minas “sin dirección facultativa” y omitiendo “la aprobación previa de los trabajos de prospección de aguas subterráneas y del proyecto correspondiente, concurriendo riesgo muy grave para las personas con resultado de muerte”.

La Junta ha informado este miércoles al delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en la reunión interadministrativa celebrada para abordar el control y cierre de los pozos ilegales como el que costó la vida a Julen, cuyo rescate requirió 12 días y 700.000 euros.

El trágico suceso ha provocado que las distintas administraciones con competencias en la materia hayan reaccionado para avanzar en el control, denuncia, sanción y cierre de este tipo de pozos ilegales que además de problemas de seguridad, esquilman los recursos hídricos subterráneos provocando una competencia desleal entre agricultores e incluso convirtiéndose en focos de contaminación que se pueden extender por los acuíferos.

Gómez de Celis defendió este miércoles que es mucho lo que ya se viene haciendo pues sólo en 2018, en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir se realizaron casi mil inspecciones para evitar las extracciones ilegales de agua que derivaron en 656 denuncias, de las cuales 328 afectan al entorno de Doñana, Parque Nacional y Natural y Reserva de la Biosfera.

Precisamente, Europa ha denunciada al Gobierno andaluz por no frenar los pozos ilegales en Doñana, donde los ecologistas llevan años denunciando la sobreexplotación de los acuíferos y el riesgo que ello conlleva para la flora y la fauna de esta Reserva de la Biosfera. Actualmente ha ya 77 pozos ilegales con los expedientes iniciados para su cierre y mañana, la CHG va a iniciar la tramitación para declarar tres masas de agua de Doñana (Marismas, Rocina y Almonte) espacio sobreexplotado.

En la reunión de este martes entre la Delegación del Gobierno, las consejerías de Agricultura y Hacienda e Industria (que tiene las competencias de Minas), la FAMP y la Guardia Civil, tanto la Administración autonómica como la central han manifestado su intención de reformar las órdenes que actualmente regulan los permisos para realizar prospecciones (competencia de la Junta previa licencia de obras municipal) y para extraer agua (competencia del ministerio).

Según Celis, en ambos casos se trata de regular de forma “más clara, precisa, fehaciente y beligerante” su actuación, contemplando aumentar las sanciones para que no salga más barato pagar la multa que pedir y obtener todos los permisos pertinentes.

Desde el Seprona y la Guardia Civil se ha comunicado a la Delegación del Gobierno la apertura de un plan de choque a nivel nacional cuya primera fase consistirá en recabar toda la información de todas las administraciones públicas, policías locales y fuerzas de Seguridad del Estado que permitan hacer un diagnóstico de los pozos ilegales existentes pero también balsas que se consideren “peligrosas” por riesgo de ahogamientos al no cumplir los requisitos. Con esa información, del 15 de marzo al 15 de septiembre, el Seprona visitará esos puntos para levantar en caso de que corresponda las denuncias y expedientes que inicien el trámite para sancionar o cerrar los pozos.

Así, el 15 de marzo habrá un diagnóstico de la situación de estas extracciones ilegales y prospecciones sin permisos en Andalucía y en todo el país, un número que actualmente las administraciones públicas y las fuerzas de seguridad del Estado no pueden ofrecer.

Reconocimientos

Por otra parte, la Delegación del Gobierno en Andalucía elevó el pasado 28 de enero una propuesta al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para reconocer a quienes de una u otra forma participaron o ayudaron en el rescate de Julen en Totalán con el ingreso en la orden del mérito civil.

En concreto, ha reclamado el grado de Encomienda para el director de la obra Ángel García, el director de la Brigada Minera de Salvamento Sergio Tuñón y los ingenieros y mineros que participaron en el rescate. La Cruz de Oficial al director técnico de Obras de la Junta Antonio Nieto, la ingeniera de Minas de la Junta María Belén Martínez, los geólogos que aportaron sus conocimientos sobre el terreno, las propietarias de la vivienda donde se instaló el puesto de manda Yolanda y Ángela Alcaide, y a la Asociación de Mujeres de Totalán que cocinaron y dieron cobijo a los participantes en el rescate. Así como el Grado de Cruz al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía.

También ha propuesto conceder las Medallas al Mérito de Protección Civil que otorga el Ministerio del Interior, a los miembros de los montañeros de la Guardia Civil que intervinieron y al Jefe de la Comandancia de Málaga, el coronel Jesús Esteban Gutiérrez, al coordinador del 112 durante el rescate, Rafael Gálvez; al diseñador de la cápsula en la que descendieron los bomberos, Julián Moreno; al Consorcio de Bomberos de la Diputación de Málaga.

Por último, la Delegación del Gobierno en Andalucía reconocerá con un diploma el apoyo de 38 empresas de construcción, grúas, drones, bombeo, demoliciones o ingeniería que participaron en la obra que fue necesaria para excavar el pozo paralelo con el que llegar hasta Julen y para la bajada de los mineros y la apertura de la galería.