La Junta acusa a la jueza de los ERE de infringir «el ordenamiento jurídico» con el ex consejero Fernández

La Fiscalía está haciendo un trabajo combativamente machacador en algunos ámbitos del «macroproceso» de los ERE presuntamente irregulares. Después de que la Audiencia Provincial de Sevilla impusiera el criterio de que los 22 investigados en la pieza política, en la que se le saca jugo a lo que pasó en torno al procedimiento específico por el que se repartieron las ayudas de la Junta, el Ministerio Público ha armado ya una avalancha de recursos contra la expulsión de algunos de esos ex altos cargos del resto de bloques de la causa. En esa sacudida puede incluirse uno más contra el escape del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, y van unos cuantos, en concreto en la pieza centrada en los fondos públicos que se asignaron a las empresas Primayor y Hamsa, en alguna ocasión con «una exigua tramitación administrativa». La Fiscalía ha presentado un recurso de apelación contra el auto de la instructora, María Núñez, en el que acordó «la exclusión» del ex titular de Empleo del procedimiento para evitar que queden «impunes» las «conductas objeto» de este desbroce de la matriz del proceso. Y no ha dado ese paso en soledad, como ocurre a veces en lo relativo a Fernández.

Los abogados del Gobierno autonómico también han formulado un recurso de reforma contra la resolución de la jueza. Es más, no han dudado en acusarla, «respetuosamente y en estrictos términos de defensa», de infringir «el ordenamiento jurídico», al entender que «no concurre» en el ex consejero andaluz «el doble enjuiciamiento esgrimido, con apoyo en los autos hasta ahora dictados por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial». Unas resoluciones que, consideran, «no son ya antecedentes válidos para resolver» esta cuestión tras el auto de la Sección Primera del mismo tribunal, la que enjuicia a los 22 ex altos cargos, con el que respondió a las cuestiones previas planteadas por las partes y dejó claro que las ayudas concretas que otorgó el Ejecutivo regional no forman parte del objeto del juicio. Para los letrados de la Junta «no concurre el principio 'non bis in ídem' –juzgar dos veces por lo mismo– de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional» sobre aquél, dado que no existe «un pronunciamiento firme con efectos de cosa juzgada material». Entienden que «el pronunciamiento de exclusión» de Fernández «perjudica a esta parte –la Junta, que decidió no ser acusación en la rama política–», además de crear «confusión no compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva de quien ejerce una acción penal en concepto de perjudicada». «Se trata de un pronunciamiento –cosen– no permitido en ninguna ley y que ha sido dictado prescindiendo de los cauces procesales oportunos».