Administración Pública
La Junta admite haber formalizado 1.401 contratos negociados sin publicidad
Se han empleado para adquirir desde medicamentos a preservativos, y para adjudicar servicios de asesoría jurídica o fiscal desde 2008.
Se han empleado para adquirir desde medicamentos a preservativos, y para adjudicar servicios de asesoría jurídica o fiscal desde 2008.
En la plataforma de contratación virtual que alimenta el Gobierno andaluz ha emergido una nueva pestaña relativa a un tipo de relación entre la Administración autonómica y sus adjudicatarios: la fijada de forma negociada sin publicidad. Según la información admitida por la Junta en ese apartado, los contratos formalizados de ese modo ascendían al cierre de esta edición a 1.401. La entrada más antigua que se recoge en el mencionado espacio web arrancó en mayo de 2008 y correspondía a la instalación de un sistema de insonorización para enfriadoras, demandado por la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. Las más recientes son de este mes, en el que se buscan licitadores interesados en cubrir desde el servicio de limpieza y jardinería en el nuevo Centro de Creación Contemporánea de Andalucía con sede en Córdoba, su vigilancia contra intrusos y otros elementos relacionados con esa edificación; hasta el suministro de medicamentos excluidos para los centros adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla y de otros «exclusivos» para el Servicio Andaluz de Salud (SAS); o el servicio de mantenimiento de los equipos de ecografía de una marca para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.
Entre medias, un tumulto que incluye obras de diversos tipos, el surtido de materiales variados como mesas quirúrgicas o equipos informáticos de distinta naturaleza, servicios para Canal Sur, asesoría jurídica y fiscal, el encargo de estudios o proyectos de muy diferente índole, servicios de sicología, renovación de licencias, operaciones de mudanza de mobiliario, documentación y equipos informáticos entre sedes de los servicios centrales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE); o la adquisición de preservativos y de «otros artículos relacionados», a petición de la Consejería de la Consejería de Salud. Los importes de esas contratas reflejan también una horquilla muy variada que oscila desde los varios millones de euros, en el caso de aportes sanitarios, por ejemplo, a las decenas de miles en múltiples ocasiones. Algunas cuentan además con cofinanciación de la Unión Europea (UE), según se puede rastrear en la plataforma del Ejecutivo.
Este procedimiento negociado de contratación administrativa es más flexible y ágil que los abiertos o restringidos, sobre todo, si se utiliza la modalidad gestionada sin publicidad. De hecho, no sólo tira de él la Junta, lo hace también el Parlamento andaluz, como ya informó LA RAZÓN, el Estado, o los ayuntamientos. Si bien, fuentes jurídicas consultadas por este periódico apuntan que éste «debería ser excepcional», es más, su régimen difiere por ello de las reglas que marcan a los abiertos y restringidos, y han de aplicarse «únicamente en los supuestos que determina la ley». En ese sentido, cabe recordar que el Tribunal de Cuentas censuró recientemente el exceso de acuerdos previos entre las administraciones y algunas empresas a la hora de contratar, una práctica que, aunque puede estar justificada por razones técnicas en ciertos momentos, supone una traba para el acceso a las licitaciones. Así se plasmó en el «Informe de fiscalización relativo a la contratación del sector público estatal» durante 2012, un documento en el que se llamó la atención sobre la falta de concreción en relación a cuándo se aplica el procedimiento negociado sin pu-blicidad. Hay más. «La jurisprudencia de la UE también ha señalado la excepcionalidad de esa fórmula», indican las fuentes consultadas, pese a que en la práctica «se ha evidenciado que es de aplicación masiva», advierten.
Y a ello se suma que la Cámara de Cuentas de Andalucía alertó, en un informe referido de nuevo a 2012, que muchas de las necesidades que se pretendieron cubrir con esos contratos no tenían carácter coyuntural, sino recurrente y prolongado en el tiempo.
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