La Junta admite que no tiene un plan de sedes administrativas

El presupuesto de 2018 contempla una elaboración y no una simple previsión

El Presupuesto de la Junta de Andalucía aprobado recientemente por el PSOE y Ciudadanos en el Parlamento recoge datos significativos más allá de los grandes números y anuncios vinculados a él que ha realizado el Gobierno andaluz en las últimas semanas. En la sección denominada «Gastos de diversas consejerías» –un amplio cajón que aglutina partidas presupuestarias que afectan a varios departamentos de la administración– se encuentran algunos de ellos. Es el caso de la sección 61G relativa a la «gestión y administración del patrimonio de la comunidad». En ella se reconoce abiertamente que la Junta carece de un plan de sedes administrativas.

«Se quiere señalar que hasta el momento el Plan de sedes administrativas no ha sido más que la previsión de la dirección general de Patrimonio en relación con las distintas dependencias del gobierno autonómico, sin que la misma se haya plasmado en un documento administrativo y sin que tenga carácter normativo», se expone. «Así en función de la información obrante en este centro directivo de las necesidades generadas por el emplazamiento o de nuevas dependencias de gobierno y de las previsiones de crecimiento o decrecimiento constante que mantiene la administración, se comporta la previsión que tradicionalmente se denomina Plan de sedes, como elemento de trabajo, que se ha caracterizado principalmente por su carácter dinámico, dado que está en constante reajuste, sujeto a decisiones institucionales inmediatas y tiempos sesgados, conforme a las necesidades de coyuntura».

El texto admite sin ambages que en estos años la planificación no ha sido óptima y se ha ido trabajando sin un plan director. Por ese motivo, «esta dirección general de Patrimonio tiene previsto realizar el esfuerzo en el ejercicio 2018 de comenzar las tareas necesarias para la redacción del Plan de sedes, el cual reflejará la situación de las sedes administrativas (localización, régimen de propiedad –alquiler o propiedad–, superficie y ratio por funcionario) y modulará las pautas de reorganización espacial, construcción de nuevas instalaciones en superficies disponibles y la necesidad de suelo, en su caso, mejorando tanto las condiciones de trabajo de los empleados públicos como la prestación de un adecuado servicio a los ciudadanos en edificios funcionales y eficientes».

Resulta llamativo que la Consejería de Hacienda y Administración Pública –de la que la dirección general de Patrimonio forma parte– no cuente con esta información actualizada. Este departamento fue el encargado en diciembre de 2014 de vender a la gestora de fondos W.P. Carey un conjunto de 70 inmuebles por un importe de 300 millones de euros. El acuerdo incluía la venta con el posterior arrendamiento a la Junta durante un periodo de 20 años de estos edificios.

Esta operación fue posteriormente muy criticada por la Cámara de Cuentas, que en un informe de fiscalización estimó la existencia de pérdidas netas de 131,7 millones de euros tras acometer la venta de esta patrimonio, una operación conocida como «sale and leaseback».

Entre otras irregularidades, el órgano fiscalizador detectó «omisiones y diferencias en cuanto al número de inmuebles y a la superficie de los mismos entre los registros estatales (catastro y registro de la propiedad), el Inventario General de Bienes y Derechos (IGBD) y la tasación».

La Junta quiere implanta ahora un plan de sedes que, según define en el texto, «se someterá a una serie de principios básicos, cuales son la versatilidad, el equilibrio centro-periferia, el equilibrio reconstrucción-rehabilitación/nueva construcción y la tendencia a reorganización de sedes y construcción de edificios nuevos en propiedad».

Concluye que «la administración no solo utiliza espacios físicos para desarrollar sus actividades y cumplir con sus funciones administrativas o de atención ciudadana, el uso de espacios supone una fuerte inversión y tiene un impacto importante en muy diversas áreas. De ahí que la Consejería de Hacienda y administración Pública haya incorporado la estrategia inmobiliaria a la estrategia general como un elemento adicional que debe gestionarse y que puede contribuir de forma muy significativa en los objetivos financieros y de calidad en el servicio».