La Junta arma un «plan VE» para desafiar a la «ley Wert»

La Junta de Andalucía considera que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) «rompe el principio de igualdad de oportunidades», «es absolutamente proclive a avanzar en la privatización de la enseñanza» y supone «una regresión ideológica». Así resumió ayer la consejera del ramo, Mar Moreno, las principales críticas del Ejecutivo de coalición PSOE-IU a la norma, tras haber anunciado que sacarán el bate contra el texto aún sin aprobar.

Para Moreno, la conocida como «ley Wert» implica una «marcha atrás en equidad, en el carácter público de la enseñanza» e ideológicamente, al implicar cuestiones como que la asignatura de religión puntúe igual que «matemáticas o lengua», por lo que convocará a la «movilización» a la comunidad educativa regional.

Según explicó la consejera, el Gobierno andaluz tiene un «plan A», que la Lomce «no se apruebe», fin que excede a sus competencias porque es el Congreso de los Diputados el responsable de la decisión; y un «plan B», o «VE –de valor de la escuela–» con el que pretende «minimizar en Andalucía sus aspectos más negativos».

¿En qué consiste el «plan VE»? Convocarán en junio a más de 500 expertos, «sobre todo docentes, pero también en familia, universidad...», para que revisen «a fondo» el documento normativo y «detectar los puntos» en los que la Junta pueda «plantear alternativas». «Analizaremos en primer lugar –explicó Moreno– los márgenes legales que tiene Andalucía para minimizar los efectos y abordaremos las decisiones que quedan abiertas a las comunidades como los contenidos de los distintos 'currículums' y asignaturas, los horarios de muchas de ellas; o aspectos relacionados con la autonomía de los centros como la evaluación».

En relación a la vía judicial, la titular de Educación matizó que pretenden que los expertos estudien «las posibles causas de inconstitucionalidad en las que incurra la ley Wert», es decir, que no descartan plantear un recurso en ese ámbito. En definitiva, «no vamos a esperar de brazos cruzados a que se apruebe la Lomce», lanzó Moreno, para insistir en que su propósito es «implicar» a toda la comunidad educativa autonómica en esta guerra y «que las conclusiones se cierren en el seno del Consejo Escolar de Andalucía». Los primeros pasos del desafío se darán el próximo mes, pero «el trabajo más intenso» se llevará a cabo «en otoño», apuntó la consejera, quien no dudó en verbalizar: «Ojalá que la ley no se lleve a la práctica». Un nuevo frente con el Gobierno central está servido. En todo caso, no será algo nuevo, en esta legislatura.