La Junta busca ahora auditores privados para auxiliar a la Intervención

Los dos primeros técnicos de la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) que comparecieron el pasado viernes ante la comisión parlamentaria que intenta arrojar luz para despejar sombras en torno a los cursos de formación financiados con fondos públicos, Juan José Castillo –Almería– y Nieves Chao –Cádiz– coincidieron en denunciar los escasos medios humanos con los que cuentan para llevar a cabo su labor de control. Chao llegó a reclamar personal «cualificado» y «permanente», que es de lo que carecen aún ahora. Pidieron, en definitiva y como han hecho partidos de la oposición como el PP-A o Podemos, que se refuerce a un cuerpo que constituye el máximo órgano de vigilancia interna de la Administración autonómica y que, desde hace años, debe atender, junto a su trabajo ordinario, las demandas que le plantean los múltiples juzgados que analizan la gestión de la Junta en la comunidad. Sin embargo, el Ejecutivo regional ha optado, de momento, por recurrir a los parches externos.

Un nuevo contrato, cuya adjudicación se publicó en la plataforma virtual el mismo viernes que los interventores participaron en la comisión parlamentaria, se suma al goteo suave que lo evidencia. Han elegido al Grupo NC Auditores y Asesores de Negocio SL, por un importe total de 101.156 euros, para seleccionar auditores privados que colaboren con la IGJA en la realización de «un máximo de 80 controles financieros» correspondientes a las revisiones de «operaciones del plan 2015-2016 a que se refiere el artículo 16 del Reglamento número 1828/2006» de la Comisión Europea «respecto a los proyectos cofinanciados por el programa operativo FEDER de Andalucía 2007-2013». El mencionado punto normativo 16 fija la forma de llevar a cabo auditorías y establece que a través de ellas se verificará si las operaciones a revisar cumplen una serie de condiciones ligadas a cuestiones como su uso o los objetivos a alcanzar; o a si «los gastos declarados» se corresponden «con los registros contables y los documentos acreditativos» que obren en poder de los beneficiarios; o si los costes presentados por éstos «son conformes a las normas comunitarias o nacionales».

La contratación se ha tramitado impelida por la urgencia y está cofinanciada en parte –una cuantía de 50.000 euros– por la propia UE. Según se puede comprobar en la referencia accesible en el portal de transparencia del Gobierno autonómico, se ha marcado un precio por control de 1.045 euros, IVA excluido.

El global se abonará en tres veces: el 25 por ciento inicial con la entrega de «los borradores de informes provisionales y papeles de trabajo, de la muestra del gasto certificado en 2015» –a pagar antes del 30 de junio–; un segundo porcentaje idéntico, con el aporte de «los informes definitivos y los papeles de trabajo» –antes del 30 de septiembre–; y la última mitad pendiente tras dar traslado de «los informes definitivos y los papeles de trabajo, de la muestra del gasto certificado del 1 de enero de 2016 al 30 de junio» del mismo año. Este tercer desembolso de fondos públicos se llevará a cabo antes del 30 de noviembre, fecha tope del plazo de ejecución previsto. Una materialización de lo pactado que se realizará «a riesgo y ventura de la persona contratista», se recoge en el pliego de cláusulas administrativas particulares de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda, que es la contratante oficial.

El Grupo NC Auditores y Asesores de Negocio será así el «responsable» de la «calidad técnica» de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios que realice, así como de las «consecuencias» para «la Administración o para terceras personas» que puedan deducirse de «las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución» del contrato. A ello se añade que «sobre la información obtenida del resultado» del trabajo «se mantendrá el deber de confidencialidad» por un plazo de cinco años, a contar «desde la firma del contrato o desde que se tuvo conocimiento de la muestra».

No es la primera vez que el Gobierno regional externaliza tareas de vigilancia interna, aunque éstas puedan «afectar a información sensible», según han denunciado distintas fuentes sindicales a este periódico en múltiples ocasiones.

Una tendencia que entienden, en línea con lo expuesto por la Cámara de Cuentas en sus informes, conlleva «pagar un sobrecoste innecesario» que «podría ahorrarse a la larga» si «ese trabajo lo hicieran empleados públicos integrados en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) cuyas plazas, a menudo, están desdotadas». En este caso además se trata de la plantilla de la Intervención, un «órgano esencial en la lucha contra el fraude», rematan.