La Junta incumple la Ley: la oposición debió conocer las cuentas en septiembre

La normativa obliga al Ejecutivo a hacer públicos los anteproyectos legislativos cuando solicite los dictámenes del Consejo Consultivo y del Consejo Económico y Social; los Presupuestos no trascendieron hasta el 14 de octubre

Los ciudadanos y todos los partidos de la oposición debieron conocer el Anteproyecto de Ley de los Presupuestos, el borrador de las cuentas, casi un mes antes de que el Consejo de Gobierno le diera «luz verde» y lo enviara al Parlamento el pasado 14 de octubre. No fue posible porque la Junta se saltó la Ley de Transparencia. Una de las dos leyes aprobadas en la anterior legislatura y que entró plenamente en vigor el pasado mes de junio con la puesta en marcha del Portal de la Transparencia.

El artículo 13 de la Ley es muy claro al respecto. Señala que las administraciones andaluzas publicarán, entre otros documentos, «los anteproyectos de ley cuando, tras la preceptiva elevación por la Consejería competente, sean conocidos por el Consejo de Gobierno. Asimismo, los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos legislativos se publicarán cuando se soliciten los dictámenes, en su caso, al Consejo Económico y Social de Andalucía y al Consejo Consultivo».

El Consejo Consultivo dictaminó sobre el Anteproyecto de Ley de las cuentas el 29 de septiembre, justo una semana después de recibir la petición por parte del Ejecutivo andaluz. Por tanto, al menos desde el 22 de septiembre todos los partidos y todos los ciudadanos debieron tener constancia del borrador presupuestario.

El Portal de la Transparencia incluye una pestaña específica sobre «información jurídica». Lo que ocurre es que hay información que se publica e información que no. Se puede consultar, por ejemplo, el Anteproyecto de la Ley Audiovisual de Andalucía, pero no otros anteproyectos cuya repercusión mediática puede ser más incómoda para la Administración. El caso más claro es el mencionado del Presupuesto.

La Junta, por ley, está obligada a dar cuenta pública de «las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos». Los proyectos de reglamentos cuya iniciativa les corresponda a la Junta también deben publicarse en el momento en el que se sometan al trámite de audiencia o información pública. O, igualmente, «las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos».

El Portal de la Transparencia incluye apartados de consulta sobre todas estas materias. Hay uno específico sobre «directrices, instrucciones, circulares, acuerdos o respuestas a consultas» y otro sobre «normativa en elaboración». Lo que ocurre es que la ley obliga a publicar todo y la Junta sólo publica una parte –en ocasiones interesada– del todo.

La Ley de la Transparencia la impulsó el ex presidente Griñán. Hizo su anuncio en un momento incómodo. Al final de su intervención cuando compareció en la comisión de investigación parlamentaria de los ERE.

Prometió la norma más avanzada de toda España en cuanto a transparencia. Esto mismo ha repetido en numerosas ocasiones la presidenta andaluza, Susana Díaz, pero lo cierto es que el Portal de la Transparencia deja muchos ángulos oscuros sin alumbrar. La publicación de información es muy limitada y hasta el propio Ejecutivo ha tenido que reconocerlo. Los datos sobre la conocida como «administración paralela», el conjunto de empresas, fundaciones, agencias y entes instrumentales de la Adminstración sigue en la opacidad. Poco ha cambiado la situación tras ponerse en marcha el portal de la Transparencia.

El Partido Popular ha señalado como un significativo déficit de transparencia que los Presupuestos de este año vuelvan a estar, por quinto año consecutivo, sin provincializar.

Un coste de 1,2 millones, la mitad para pagar a personal

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos tiene consignado un presupuesto para 2016 de 1.241.806 euros. De este montante, la mayoría es para pago de personal. 60.160 euros en remuneración de altos cargos; y 480.737 euros para personal funcionario y estatutario, a los que hay que sumar otros 146.909 en cuotas de la Seguridad Social. En total, el capítulo 1 de gasto de personal se eleva a 687.806 euros. Cuando la Junta subió en marzo los primeros datos al embrionario Portal de la Transparencia, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, habló en ese momento de un coste de 43.000 euros y el trabajo de 50 funcionarios y asesores externos. Adujo, igualmente, que toda la información comprometida en la Ley de la Transparencia estaría disponible a finales de junio, cuando la normativa entraba plenamente en vigor. Es una asignatura aún pendiente.