La Junta le dio 53.000 euros sin ser ni autónomo y presentó «facturas falsas»

Entre los agraciados con subvenciones de la Junta para acciones formativas que ahora investiga el juzgado de Instrucción número 5 de Huelva se encuentra Andrés Javier P. D. Es el receptor de una ayuda de 52.920 euros, con cargo al programa presupuestario 32D para la realización de un curso de «Mantenimiento de sistemas de comunicación» dirigido principalmente a personas desempleadas, de 490 horas y con 15 alumnos, que se llevó a cabo en instalaciones del IES Pintor Pedro Gómez de la capital onubense.

La Policía llama la atención al juzgado en su caso sobre el hecho de que a fecha de la Resolución de 21 de febrero de 2011 de la Dirección Provincial en Huelva del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) por la que se adjudicaron los casi 53.000 euros, Andrés Javier P. D., «no se encontraba dado de alta como autónomo», ya que la inscripción en el régimen de este colectivo de trabajadores la realizó «posteriormente, el día 01 de octubre de 2012», según se recoge en un informe policial incluido en el sumario del proceso que arma el juzgado. «No se entiende –sostienen los agentes en su escrito– como a una persona física (de la cual no consta que imparta docencia ni realice actividad alguna) que concursa para subvenciones dirigidas a la formación», se le pueda dar esa ayuda «sin ni siquiera figurar como autónomo, lo que se observa como una grave irregularidad». Más aún, matizan, si se tiene en cuenta que «al año siguiente se le vuelve a conceder otra en las mismas circunstancias».

Los investigadores, que ventilan en múltiples fichas de investigación consultadas por LA RAZÓN los manejos de esos fondos públicos, dejan constancia de que en ese expediente concreto observaron múltiples «irregularidades» en las que habría «participado» Guadalupe C. C., pareja de Andrés Javier P. D., que imputó nóminas «por docencia y por dirección y coordinación del curso». Las anomalías detectadas en torno a esa subvención formativa incluyen la presentación de una factura con la empresa Polirrosa Hostelería, en la que justifica un gasto por importe de 996,36 euros «en concepto de zapatos, guantes, batas», de lo que podría deducirse que sería para dotar a los alumnos de uniforme, si bien éstos relataron a los agentes que el material recibido en el ámbito de esa acción de formación lo conformaron «una bandolera, una carpeta, un libro y placas para hacer circuitos», por lo que la Policía considera que «la factura presentada es falsa». Y hubo más. Rastrearon también otro recibo a nombre de Juan Andrés D. R., en concepto de alquiler de Aula Práctica por importe de 4.400 euros, pese a que los alumnos declararon que las clases se dieron en el mencionado IES, por lo que los investigadores apuntan de nuevo que esa factura podría ser falsa. Juan Andrés D. R. «figura como socio único de la empresa Estudio M30 verde SL, vinculada con Andrés Javier P. D.», reseñan en su informe, por lo que advierten al juzgado de que por una parte hay «facturación falsa» y, por otra, «facturación vinculante». Concluyen que el protagonista de sus indagaciones solicitó la subvención «para su lucro personal» y acusan al SAE de «dejadez absoluta» en el control previo a la asignación de los fondos, así como en el seguimiento del curso formativo.

Cruce de imputación de gastos

De otro lado, gracias a la misma Resolución del SAE se le otorgaron 42.140€euros al Complejo Los Veneros SL para un curso de «Guía de la naturaleza» de 320 horas y otro de «Operaciones básicas de restaurante y bar» de 310, a petición de Javier G. V. La policía apunta que éste usó esa mercantil para «realizar movimientos de dinero» a otras que gestionaba. De hecho, presuntamente cargó gastos cruzados entre ellas. Ocurrió con Asesoramiento e Intermediación Turística, a la que imputó «19.430,82 €euros» de la ayuda analizada por conceptos además no subvencionables como «cesión de salones, servicio de alumnado, gastos de viajes, bar terraza noche, pensión completa, almuerzos, cafetería, extra restaurante». Los investigadores reseñan en relación a esos cursos que los alumnos les trasladaron que «un día se organizó una mariscada con varios comensales», en la que «el dueño del complejo los usó» para «servir», como camareros, «enmascarándolo como prácticas». A la luz del testimonio de los teóricos beneficiarios de la formación que participaron en esa mariscada, un grupo dejó de trabajar «a la una» y otro «a las siete de la mañana», dado que por la noche se sirvieron cócteles. No se respetó, censura la Policía, «una jornada laboral».

El hijo de Ojeda, citado en el juzgado mañana

La jueza María Núñez Bolaños ha citado mañana a declarar como investigado a Marcos Ojeda Medina, hijo del ex titular de Hacienda Ángel Ojeda, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta. El propio ex consejero comparecerá ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla el 24 de mayo para declarar como investigado en el marco de la pieza relativa a su entramado empresarial. Un bloque en el que se ha encausado a otras 13 personas, entre ellas a Francisco Aragón Odero, que también comparecerá ante la jueza este martes, y al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que está llamado el 10 de mayo.