La Junta no remite al juzgado información clave sobre el ex «número dos» del PSOE-A

La jueza archiva la causa provisionalmente a la espera de un informe que reclamó en abril de 2015 sobre las subvenciones recibidas.

La jueza Mercedes Alaya reclamó el 10 de abril de 2015 a la Junta de Andalucía, entre otras cosas, un informe acerca de los expedientes de reintegro iniciados y la «evolución de los mismos». La solicitud incluía, por tanto, la situación del entramado empresarial vinculado al ex «número dos» del PSOE-A Rafael Velasco. Sin embargo, casi un año después, el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, dirigido ahora por la magistrada María Núñez Bolaños, no ha recibido los informes requeridos. Esta situación ha motivado que en el caso concreto del ex vicesecretario general del PSOE-A, la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado el «sobreseimiento provisional» de la causa «en tanto el estudio relativo a las subvenciones de las que ha sido beneficiario el entramado del Sr.Velasco no sea realizado y comunicado a este juzgado».

La petición del Ministerio Público ha sido aceptada por la instructora mediante un auto fechado el pasado lunes 7 en el que declara «compleja la instrucción de la causa». Por tanto, Núñez Bolaños tendrá más tiempo para investigar a Velasco al mismo tiempo que la «aparca».

La jueza tenía otra opción. La representación legal del PP-A, una vez conocido el escrito de Anticorrupción, reclamó al juzgado que «ante la falta de colaboración de la Junta de Andalucía» dejara «sin efecto» el auto de 10 de abril de 2015 –firmado por Alaya– y «ordene a la UCO de la Guardia Civil que requisen nuevamente los expedientes de la Dirección General de Formación para el Empleo para su entrega a los peritos interventores y auditores que aceptaron el encargo de auxilio jurisdiccional (...) a fin de proceder al análisis de los expedientes de subvenciones que se investigan en este procedimiento». Las alegaciones, consultadas por este periódico, señalaban que se prestara especial atención «a los expedientes de reintegro iniciados, su evolución y los que se hayan finalizado bien por resolución de archivo o de reintegro, así como las actuaciones seguidas para conseguir este último».

Núñez Bolaños no ha accedido a esta petición –Alaya sí autorizó a la UCO a recabar los expedientes de la Dirección General de Formación de la Junta– y directamente ha acordado «el sobreseimiento provisional» del caso que afecta a Velasco.

El abogado del PP advierte que «es contrario a la lógica jurídica e incongruente haber incoado recientemente las presentes diligencias –desgajándolas en pieza separada de la principal y declarándolas de especial complejidad– (...) y en el mismo escrito interesar el sobreseimiento provisional».

Hay que recordar que en diciembre, la titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla dividió la macrocausa de los cursos de formación en nueve piezas. Una de ellas era la relativa al entramado empresarial de Velasco; otras dos las vinculadas al ex consejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda y al empresario José María Pérez González; cuatro de las piezas para otros tantos consorcios públicos de formación de la Junta (Ciomijas, Formades, Forman y CTI); la octava está vinculada a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe); y la novena y última pieza está dedicada al Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Para la Junta, la decisión de la jueza es lógica y señala que el gran número de expedientes que se enmarcan bajo el código 98, correspondientes al periodo 2004-2011, «hace prever la llegada de nuevas resoluciones con archivos provisionales como medida cautelar, para que no corran los plazos de prescripción de la instrucción penal» y considera que este auto «es una muestra de absoluta normalidad y colaboración de la Junta de Andalucía con la investigación judicial».

Los expedientes tampoco están en el Parlamento

El PP andaluz lamentó ayer que expedientes como los de Velasco –y otros del entorno del PSOE-A– «no han llegado ni a la comisión de investigación ni al juzgado. La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, denunció la «falta de diligencia» del gobierno andaluz y la falta de «transparencia» de la que luego «presume la señora Díaz». A juicio del PP, el sobreseimiento provisional de la causa sí puede afectar a la prescripción del expediente.