La Junta pide ahora dinero a una empresa que regó con 10 millones

Comunica vía BOJA a Inturan, investigada por los cursos, el inicio del proceso de reintegro en una ayuda de 3 millones

La Policía detectó que imputó facturas infladas a cursos que llevó a cabo gracias a otra subvención del SAE

El que se hayan deshilachado hasta deshacerse causas judiciales en las que se investigaban subvenciones de la Junta para actividades de formación ha permitido a algunos respirar confianza, pero existen otros elementos que indican que esos fondos no siempre tuvieron un uso óptimo, como apuntaba el trabajo policial desplegado en varias provincias. Ayer se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) un anuncio de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por el que se notificaba a la empresa Industrias Turísticas de Andalucía (Inturan) S A el acuerdo de «inicio de procedimiento administrativo de reintegro en el expediente de subvenciones 98/2010/J/0193» al no haber podido notificárselo de otra forma. Éste aparece en una relación de beneficiarios de ayudas asignadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para el desarrollo de acciones formativas «de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados» vinculadas al ejercicio de 2010 y que estaban cofinanciadas, según se puede comprobar también en el BOJA como hizo LA RAZÓN, por la Unión Europea (UE) a través del Fondo Social comunitario. A Industrias Turísticas de Andalucía se le otorgaron con el fin de que llevara a cabo actuaciones de Formación Profesional para el Empleo, de acuerdo a lo reflejado en ese listado, un total de 2.988.791,25 euros enlazados al expediente al que alude ahora el Ejecutivo autonómico con la mirada puesta en intentar recuperar dinero público.

Inturan, cuya sede estaba radicada en un polígono de Córdoba aunque se encuentra en teoría disuelta, formó parte del proceso que cimentó un juzgado de Huelva. La Policía centró en ella un informe en el que cifró en casi diez millones en cuatro años, con precisión 9.660.177,12 euros entre 2009 y 2012, lo que dicha sociedad llegó a acumular en subvenciones por parte del SAE. Las conclusiones a las que llegaron los investigadores tras analizar lo sucedido con una ayuda recibida en 2011 para orquestar cinco cursos fueron claras: aquéllos se realizaron pero no se podían «considerar justificados los costes» que se imputaron al desarrollo de los mismos. Detectaron «una serie de irregularidades» que, a juicio policial, inducían a «pensar que parte de esos fondos habrían sido desviados para gastos que no» se correspondían con las acciones formativas. Entre las anomalías que trasladaron al órgano judicial se encontraba que se cargaron a los cursos «facturas desproporcionadas» que parecían «relacionarse más bien con una actividad comercial ordinaria de un restaurante, que con una escuela de hostelería»; o que se justificó el pago de «alquiler de equipos informáticos en cursos de cocina en los que no se utilizaron ordenadores».

El relato de los alumnos y profesores a los que se tomó declaración también quebraba la versión de que se impartieran unas acciones formativas de calidad. De hecho, como informó este periódico, una docente llegó a poner, junto a los asistentes a su curso de cocina, «un fondo de un euro semanal para poder comprar» con qué aprender en un supermercado próximo a la escuela, o incluso se llevaron ingredientes «de su propia casa». Ahora la Junta ha movido ficha por otra subvención distinta donde todo parece indicar que no se empleó del todo bien.