La Junta presume de actividad tras rescatar otra ley de IU

El debate sobre la comunidad será el 19 de octubre para hablar del «periodo más fecundo en cuanto a producción legislativa de la historia».

El Consejo de Gobierno remitió ayer al Parlamento de Andalucía la comunicación en la que solicita la celebración del Debate sobre el Estado de la Comunidad el próximo 19 de octubre. La fecha ya la anunció el pasado 22 de septiembre la presidenta Susana Díaz durante un Pleno. La semana pasada, el Ejecutivo también advirtió de que la crisis interna del PSOE no afectaría a la agenda institu-cional del Gobierno andaluz. Los planes se mantienen.

Pese a ello, el debate estará, previsiblemente, marcado por el protagonismo de Díaz en la situación del PSOE Federal. Los partidos de la oposición, casi a coro, han criticado la dedicación «a tiempo parcial» de la presidenta de la Junta a los problemas de Andalucía. Su reiterada presencia en Madrid y su implicación personal en el desalojo de la secretaría general del PSOE a Pedro Sánchez está presente en el debate político. A ello hay que sumar el futuro de Díaz, toda vez que una vez que la gestora del PSOE acabe su trabajo deberá activarse el Congreso del partido para elegir a un nuevo líder.

Para combatir esa teoría de que Andalucía cuenta con una presidenta que no está al «cien por cien» al frente del Ejecutivo, el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, quiso poner en valor el trabajo desarrollado durante los 15 meses que van de legislatura. «Este periodo ha sido, sin duda, el más fecundo en cuanto a producción legislativa de la historia de la autonomía», dijo. La sensación que existe entre el resto de partidos es totalmente la contraria. Las acusaciones de «parálisis» son frecuentes y hasta su socio de Gobierno , Ciudadanos, ha admitido que el cumplimiento de los acuerdos firmados con el PSOE no lleva el ritmo que les gustaría.

Las palabras de Vázquez se produjeron el mismo día que el Consejo de Gobierno aprobó la tramitación del anteproyecto de la Ley andaluza de Voluntariado. De nuevo se trata de una vieja promesa. De hecho, esta ley formaba parte del «Acuerdo por Andalucía» firmado en la anterior legislatura por el PSOE e IU y que contenía 28 leyes de las que finalmente solo se aprobaron dos. Ambas formaciones se comprometieron a modificar la Ley de Voluntariado «para adaptarla a las nuevas realidades sociales y necesidades del movimiento voluntario, como pieza clave en el mantenimiento y fortalecimiento del Estado del Bienestar».

De hecho, el entonces vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, se comprometió en diciembre de 2014 «con carácter de urgencia a presentar una nueva Ley de Voluntariado» –la actual data de 2001–.

Pese a ello, la comunicación del Consejo de Gobierno al Parlamento para fijar la fecha del debate ofrece un relato complaciente de estos meses. Señala que se ha llevado a cabo un «impulso legislativo orientado a cuestiones importantes para la calidad de vida de la ciudadanía» que se ha traducido en «normas para blindar la sanidad pública y los servicios sociales y evitar recortes y privatizaciones; para que nuestros jóvenes con talento regresen a la comunidad; para proteger a la ciudadanía del abuso en préstamos e hipotecas; para que la Administración ejerza el derecho al retracto en desahucios con riesgo de exclusión; para que ningún joven se quede fuera de la universidad por falta de recursos; para fomentar el trabajo autónomo, o para seguir avanzando en la igualdad real entre hombres y mujeres».

La Junta apunta que todos estos logros «se han conseguido por tercer año consecutivo con sus obligaciones de estabilidad financiera a pesar de considerarlas injustas, sin haber tenido que renunciar ni a uno solo de los derechos sociales que tanto nos costaron conquistar». Según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda no ha sido así: Andalucía cerró el ejercicio de 2015 con un déficit del 1,13 por ciento y sólo tres autonomías –Canarias, Galicia y País Vasco– cumplieron con la previsión y quedaron por debajo del 0,7% del PIB.