La Junta se autoencomienda formación para el personal sanitario

El director gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda, firmó en noviembre de 2015 una resolución por la que encomendó a otra entidad de la Junta, la Función Pública Andaluza Progreso y Salud, la realización de programas de formación para profesionales del sistema sanitario andaluz en distintas áreas. Ambos entes están encardinados en la red de la Consejería del ramo, que dirige Aquilino Alonso Miranda.

El importe a abonar por el encargo, con un final fijado el 30 de junio de este año, es 1.630.791,09 euros. Se hará efectivo en dos pagos en una cuenta bancaria abierta a nombre de la fundación. El primero, de 815.395,55 euros, la mitad del dinero, se ejecutó a la rúbrica de la encomienda. El segundo, del resto, se llevará a cabo al término de las actividades, tras presentar Progreso y Salud la factura correspondiente y una serie de documentación justificativa.

Al mando de las actuaciones estará el titular de la Dirección General de Profesionales del SAS y para el seguimiento del plan de formación encargado por el Gobierno regional e impartido por el mismo se designará una comisión integrada en su totalidad de nuevo por miembros de la Administración autonómica. En concreto por dos personas designadas por el Plan Integral de Formación del Sistema Sanitario Público de Andalucía, «en consonancia con» el que se hizo la encomienda, dos personas elegidas por la fundación y una última por la Dirección General de Profesionales del SAS.

La fundación beneficiaria del encargo formativo, que se nutre periódicamente de fondos públicos con el visto bueno del Consejo de Gobierno, ha sido señalada en varias ocasiones por la Cámara de Cuentas de Andalucía. Ésta emitió un informe, relativo al ejercicio de 2010, en el que se señalaban algunas deficiencias en el apartado de personal, entre otros ámbitos. Una auditoría que desveló que el ente abonó ese ejercicio al ex ministro Bernat Soria 170.438,51 euros brutos como director de un departamento del Centro Andaluz de Medicina Biomolecular y Medicina Regenerativa (Cabimer). El órgano fiscalizador avisó además de que no había «constancia documental» de que dos contrataciones efectuadas en 2008 y 2009 en el grupo de alta dirección «se llevaran a cabo mediante procedimientos» que garantizaran «los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad» que marca la propia normativa autonómica. Y hay más. Según se puso de manifiesto en otro informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, referido en esa ocasión a la cuenta general de la comunidad correspondiente al año 2012, Progreso y Salud no justificó en plazo libramientos que superaban los 1,2 millones. Una cuestión que, según la Junta, quedó resuelta hace meses.

Una fórmula usada antes por otra empresa

No es la primera vez que un órgano de la Junta encarga a la Fundación Progreso y Salud, constituida en 1996, actividades formativas. La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias cerró en marzo de 2015 una encomienda de gestión directa a esa entidad, ambas adscritas entonces a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Se trató de la realización de acciones en transporte neonatal. Su coste fue de 39.377,80 euros. Fuentes sindicales creen que la «Junta anda perdida en materia de formación» desde que los medios denunciaron presuntas irregularidades en acciones con cargo a fondos públicos, que ahora investigan diversos juzgados. «Aunque, mientras encuentran el rumbo, siguen beneficiando a la ‘Administración paralela’», ironizan.