La Junta se limitará a investigar las irregularidades que trasciendan por la prensa

sevilla- «Hemos recibido facturas originales. Si no son fieles, el funcionario no puede saberlo. La tramitación era correcta. Era imposible detectarlo si la factura es falsa». Tras la constatación de un agujero negro en la tramitación de ayudas, la Junta no se plantea investigar de oficio todas las subvenciones, limitándose a dos expedientes de UGT, de los que reclamarán una devolución íntegra, y otros 15 aún en estudio. Una «revisión general de mayor envergadura sería poner en duda todo el dispositivo administrativo». La Junta sólo «actúa donde detectemos un caso perseguible», asegura el portavoz regional, para reconocer después que las pruebas con las que reclaman las devoluciones provienen de la prensa.

La presentación de los planes de mejora de la calidad del aire de la Junta coincidieron ayer con el informe sobre percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. En San Telmo, tras las respuestas oficiales y la patente pasividad ante el escándalo de las facturas falsas de UGT-A, quedó una sensación de desfalco irrespirable. En el Consejo de Gobierno, oficialmente, no se trató el asunto. «Se han remitido las conclusiones sobre dos ayudas y se plantea la nulidad», indicó el portavoz Miguel Ángel Vázquez. Se trata de 1,8 millones en ayudas «vinculadas a programas» –«formación y asesoramiento de acción sindical y negociación colectiva»–de las que UGT-A «no ha entregado documentación». «Nulidad por falta de justificación». Vázquez defendió «un proceso muy garantista». A saber, el gabinete jurídico hará un informe; se remitirá a UGT; el técnico instructor elevará un informe al Consejo Consultivo; y éste hará un dictamen. «Rigor», «cumplimiento de la norma», «transparencia», labor «proactiva para el esclarecimiento de los hechos». Estamos en el estadio cuarto de doce. El velo argumental sobre una realidad: se desconoce cuántos millones públicos han sido utilizados para fines particulares y ajenos al interés general, como la compra de maletines y agendas o fiestas en la Feria de Abril. Se desconoce y no se plantea investigar. Después del dictamen del Consultivo, será el gabinete jurídico de la Junta quien «dirá si hay que hacer alguna acción más».

Los otros 15 expedientes que la Junta asegura que investiga «aún están en tiempo» debido a que no hay «uniformidad de fechas» y continúan en «periodo de alegaciones». «La Junta ha obrado de buena fe», aseguró Vázquez, argumentando que recibieron «documentación con su CIF, facturas conformes a Ley» pero «resulta que «ha podido haber alguna irregularidad». «La justificación es la que marcaba la ley», dijo. El presupuesto global de las ayudas investigadas se cifra en 7,5 millones «pero eso no significa que se pida la devolución de todo». Se trata de expedientes de 2009 y 2010. Los «posteriores están en verificación. Si no cumplen, directamente no se abonan». La Junta analiza «qué parte es correcta y cuál no ha sido bien usada» a través de una «comisión de funcionarios». La Administración andaluza no se plantea actuar de oficio sino que se limita a investigar «las facturas que han sido denunciadas». Rechaza personarse con la justificación de que «oficialmente hay denuncia pero no una causa abierta. La personación no es posible». Según Vázquez: «No es una posición política sino jurídica».